lun. Sep 20th, 2021

David Casas
Monterrey, N. L-La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) logró la vinculación de cinco personas por delitos electorales, entre ellos, un funcionario público, en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios del 2018, informó Gilberto  De Hoyos Koloffon.
“Tenemos cinco vinculados prácticamente son por la compra del voto y por el uso de recursos públicos por parte de funcionarios, uno es funcionario público y el resto son ciudadanos, todas las vinculaciones que tenemos están relacionadas con la elección ordinaria del 1 de julio”.El titular de la FEDE dice que la compra del voto y el uso de recursos públicos fueron algunas de las causas de la vinculación.
Declinó  dar detalles del área a la que pertenecía el funcionario vinculado, o  si seguía o no en el cargo.
Se recibieron dijo, 331 denuncias y ya se determinó el 50 por ciento, pero siguen con el trabajo del resto de las carpetas de investigación.

Gilberto de Hoyos Koloffon presentó una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales en la que se incluye a los candidatos independientes y  se plantea tipificar la violencia política hacia la mujer y sancionar la destrucción de propaganda en los procesos del 2021..
Está centrada en cinco ejes  que  se definieron con base en la experiencia que se tuvo en el proceso electoral ordinario de julio y el extraordinario de diciembre en Monterrey.

El objetivo es fortalecer las labores de investigación y procuración de justicia de las Fiscalías Electorales, crear nuevos tipos penales para el caso de los candidatos independientes y contemplar el que los funcionarios partidistas e, incluso los candidatos, puedan ser actores intelectuales de un delito electoral.
Los puntos torales de la reforma consisten en incluir como sujeto que puede cometer un delito electoral al aspirante o candidato independiente ya que en la Ley actual no se encuentra mencionado ni establecida esta figura.
 También se incluye el delito de la destrucción de propaganda electoral y se plantea tipificar como un delito la violencia política en razón de género, pues muchas mujeres que están involucradas en la política la sufren.

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