Monterrey, N. L.- La Comisión de Salud del Congreso del Estado dictaminó como improcedentes las observaciones (vetos) del Gobernador a la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Ley de Salud Mental.

Los dictámenes serán sometidos a votación del Pleno del Congreso la próxima semana, para superar mediante el voto al veto del Gobernador aplicado en junio de este 2019.

Con la Ley se pretende que Monterrey deje de ser la capital mundial de las cesáreas.

La diputada Lupita Rodríguez Martínez, promovente de la Ley en conjunto con varios grupos de la sociedad civil, expuso que no se vulneran disposiciones en materia de disciplina financiera como sostiene el Gobernador.

“La Ley no prevé impacto presupuestal y no existe daño a la hacienda pública”, dijo la legisladora del Partido del Trabajo.

Agregó que el concepto de partera tradicional se apega a la legalidad, así como la capacitación y la autorización de personal no profesional.

“Asimismo el concepto de Certificado de Nacimiento es legal, porque la redacción es la fiel y exacta de la Norma Oficial Mexicana”, aseveró al referir la NOM-007-SSA2-20016, en materia de atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

La Ley establece la educación prenatal como derecho de las mujeres durante el embarazo, así como la prestación de servicios de salud para un parto humanizado y la maternidad digna.

Asimismo, fija las atribuciones de las dependencias de salud estatales y municipales, además de la creación de la Red de Apoyo a la Maternidad.