Jessica Leal

Monterrey, N. L.-  Mientras la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI arroja que  la percepción de seguridad mejoró en la zona metropolitana de Monterrey y sitúa a San pedro Garza García como el mejor municipio seguro, organizaciones ciudadanas observan lo contrario y la llamada Mesa para la Construcción de la Paz condena las ejecuciones y los hechos violentos en que calcinaron a seis personas.

La encuesta dice  que San Pedro figura como el municipio con menor percepción de violencia a nivel país, mientras que Escobedo también su percepción al pasar de 46.2 a 43.9 por ciento de su población, según la ENSU de septiembre.

San Nicolás de los Garza es el tercer municipio con menor percepción de inseguridad a nivel nacional. 

Aunque presentan mayores porcentajes, donde más se redujo la percepción de inseguridad fue en Guadalupe, donde bajó 5.7 puntos porcentuales, al pasar de 52.1 al 46.4 por ciento, así como en Apodaca, donde se redujo 4.9 puntos porcentuales, del 60.3 al 55.4 por ciento, seguido por Santa Catarina, donde pasó de 55.3 a 51.2 por ciento.

Pese a que  en Monterrey también se redujo el porcentaje de población insegura, de 76.6 a 73.8 por ciento, la capital del Estado se sigue ubicando como el municipio con la mayor percepción de inseguridad de Nuevo León.

“Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron, San Pedro Garza García, Mérida, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta, con 20.5, 22.8, 27.9, 32.3, 34.4, y 37.8 por ciento, respectivamente”, dice la encuesta. 

El INEGI realizó su encuesta durante la primera quincena de septiembre y refleja que en lo general  a nivel nacional, el 71.3 por ciento de la población es de 18 años y consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.

Por lo que respecta a la Mesa para la Construcción de la Paz, integrada por autoridades federales y estatales emitió  un comunicado para condenar los homicidios y calcinamiento de seis personas desde el martes 8 de octubre.

“Las autoridades que integran la Mesa (…) condenan los hechos en los que han fallecido, en fechas recientes, personas con signos de calcinamiento”. Cada una expresa su firme voluntad de colaborar con la Fiscalía General para el esclarecimiento y sanción de estos hechos”.

Sostienen que tienen la obligación de guardar reserva en las investigaciones, pero consideran necesario hacer “precisiones” sobre estos casos.

Afirman que según las primeras investigaciones no se advierten riesgos para la sociedad civil, pero no amplían sobre el tema. También sostiene que no existen antecedentes documentados de cobro de piso o extorsión en los casos presentados, y por último se aseguran avances relevantes para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los participantes.

En el Congreso Local, las bancadas del PRI y el PAN critican los errores de la administración de Jaime Rodríguez Calderón para resolver el tema de la ola de violencia que aqueja al estado. “No todo se soluciona con juntitis”, explica  Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción panista, en tanto Francisco Cienfuegos, del tricolor  menciona que los niveles de inseguridad que ha alcanzado la entidad son alarmantes y al corte del primer semestre del 2019, se han registrado 510 homicidios.

Para el sector privado, a través de Guillermo Dillón, director de la Cámara de la Industria de la Transformación  y organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la inseguridad  lejos de disminuir, va en aumento, con feminicidios y ejecuciones que han devuelto los puntos rojos a Nuevo León.

El representante empresarial asegura que ante esta percepción de inseguridad, las inversiones se inhiben pues lo que buscan son siempre la seguridad y la certeza jurídica.

Todos demandan que a cuatro años de gobierno de Jaime Rodríguez, se establezca una estrategia que contenga la violencia y garantice a la población la paz y tranquilidad que se tuvo y se había ganado al cierre de la anterior administración estatal.