*Alerta del riesgo que corren oficiales y tropa que cumplen su deber de luchar contra la delincuencia

Jorge Alberto Tadeo Hernández, es un subteniente de Infantería que combatió el narcotráfico, pero lleva once años en prisión en el Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, le acusan de la muerte de un integrante de la organización Los Zetas; el individuo murió de un paro cardíaco cuando era llevado para ser puesto a disposición de la entonces Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público Militar abrió una investigación y fue detenido en 2011, sin embargo, sin explicación alguna, el Juzgado Quinto en Materia Penal del estado de Nuevo León le ha negado la libertad.

“Pido mi libertad por el Código Penal Federal, excluyentes de responsabilidad a funcionarios públicos por obedecer órdenes superiores”, demanda.

En esas fechas, Tadeo Hernández era comandante de una Base de Operaciones Mixtas en Nuevo León, durante la álgida lucha que se tenía contra las embestidas de Los Zetas a la población neolonesa.

Recuerda que durante un patrullaje en la zona centro de Monterrey, se detuvo a dos sospechosos, uno de ellos Eduardo González, un presunto integrante de Los Zetas, que tenía en su posesión, drogas, armas de uso exclusivo del Ejército y un vehículo con reporte de robo en la capital regiomontana.

En el auto se encontraron durante la revisión 80 cartuchos, un rifle AR-15 con cargadores, dosis de cocaína, piedra de cocaína y aparatos de comunicación.

Fue entonces que, en el traslado a la PGR, Eduardo González sufrió un paro cardíaco y fue llevado de inmediato a un hospital de la localidad, donde murió posteriormente.

Tadeo Hernández recuerda también que siempre estuvo entregado con responsabilidad a las labores militares y a la lucha contra el narcotráfico, y siente el orgullo de haber encabezado 21 soldados del 22 Batallón de Infantería y de policías de Nuevo León, quienes capturaron a Juan Carlos Olvera Acosta, alias “El Sonrics”, jefe de los Zetas.

Durante estos once años ha solicitado la intervención de la Cámara de Diputados, La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante quienes hizo llegar su caso, sin embargo, el silencio ha sido la característica de esas dependencias, explica.

El militar argumenta que la directriz de combate al narcotráfico y su cuestionario inteligente están bajo resguardo en el juzgado y no han sido incorporados como pruebas en el expediente de la causa penal en su contra.

Tampoco, lamenta Hernández, no se ha tomado acción penal en contra del Ministerio Público Militar, adscrito a la Séptima Zona Militar con sede en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y que integró la carpeta de investigación en 2011, pues, asegura, favoreció indebidamente a supuestos testigos militares.

El subteniente Hernández, cree que pareciera ser una prioridad mantener en la cárcel a los militares que combatieron la delincuencia y que, eliminaron o detuvieron a sicarios que secuestraban, robaban, mataron o desaparecieron a ciudadanos.

Hoy, el militar exige que se respeten las leyes, que se le haga justicia y que se le dicte la formal libertad, y advierte que ante este tipo de injusticia y lo que pareciera ser una embestida contra los militares, “los soldados evitan tener enfrentamientos con presuntos delincuentes, debido a que saben que podrían ser acusados y encarcelados si en la refriega muere alguno de quienes delinquen”.

Rubrica sus aseveraciones al recordar al general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien luego fue secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” – actualmente detenido- y que “encarceló a más de 50 militares entre tropa y oficiales que en realidad si combatían a la delincuencia en Nuevo León”