jue. Ago 11th, 2022

Monterrey- Ante el reciente arribo de una caravana migrante con más de 2 mil personas a la Ciudad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales para brindar certeza jurídica y a garantizar los derechos de las personas en situación de migración.
 
EL organismo público autónomo señala que la mayoría de las personas migrantes que se encontraron desde días pasados en la Central de Autobuses, cuentan con la Forma Migratoria Múltiple (FMM) expedida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, que los faculta para transitar por territorio nacional por un período determinado.


De acuerdo con las personas de diferentes nacionalidades, en la central camionera de Monterrey han sido objeto de conductas discriminatorias cometidas por parte del personal de empresas privadas que prestan el servicio de transporte, debido a que les han negado la venta de boletos para su transportación, los han vendido a un precio superior al del mercado por tratarse de personas migrantes y en otros casos, incluso, sí se les vendieron los boletos, pero no llegaron a su destino.

Lo anterior, en consideración de las medidas adoptadas por autoridades federales y estatales, que impiden el paso de autobuses en los que viajan personas migrantes rumbo a diversas ciudades fronterizas.
 
Acorde a la Ley de Migración, el libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo; por lo que, ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente.
 
La CEDHNL exhorta a que el Instituto Nacional de Migración establezca un diálogo con las personas migrantes y se les informe los alcances de la Forma Migratoria Múltiple, y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que investigue, de forma expedita, las denuncias en contra de las empresas que prestan el servicio de transporte en la Central de Autobuses de Monterrey y, en su caso, garantice los derechos que tienen como personas consumidoras.

Así como a las autoridades estatales y municipales, que coadyuven con las autoridades federales, en observancia de los derechos humanos establecidos en la ley de la materia y en los tratados internacionales, así como a abstenerse de realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria.
 
Y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que investigue los actos discriminatorios señalados por las personas migrantes, cometidos por personal de las empresas prestadoras del servicio de transporte en la central camionera de la ciudad de Monterrey y se les garantice su derecho a la igualdad, el cual es el primer derecho fundamental establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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