De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún
La eventual desaparición del INE es, hasta ahora, la mayor preocupación de los puntos que contiene la Reforma Electoral, pues se considera que éste perdería su autonomía e independencia.
El instituto creado en los inicios del gobierno salinista sirvió para dar a los procesos electorales una mayor credibilidad y quitar de las manos del propio gobierno el manejo de los mismos en la ya para entonces obsoleta Comisión Federal Electoral (CFE) que operaba en las entrañas de la secretaría de Gobernación.
La CFE había sido creada para tratar de eliminar los abusos cometidos en las urnas y, principalmente, en las mesas receptoras de sufragios, en las que se imponía la ley del más fuerte y dependían de las armas que portaban cada uno de los grupos que se apoderaban de las mismas.
Hasta ahora los procesos electorales manejados por el IFE, primero e INE, después han sido parcialmente satisfactorios, con el inconveniente de los resultados electorales de 2006, los que todavía siguen siendo objetados por el actual Presidente de México.
Se dice, incluso, que ese malestar que guarda de los números que arrojó el IFE en torno a los resultados presidenciales son el motor que mueve esta Reforma Electoral.
Después de esos cuestionamientos sobre la suerte que correrá el INE, siguen otra serie de modificaciones que considera la iniciativa enviada al Legislativo, como son la elección directa en urnas de los consejeros por parte de los ciudadanos, en los que se afirma que esos métodos beneficiarían a los partidos en el poder, según fuese el momento. Vale la pena decir que actualmente los consejeros del INE y antes del IFE son aprobados por el Legislativo con base en las propuestas de los partidos ahí representados, por lo que el reparto es casi equitativo, sacando la mejor raja el partido con mayoría.
Otras de las propuestas que si son bien vistas por la ciudadanía en general es el reparto de las asignaciones presupuestarias a las que tienen derecho los partidos con registro, las que sufrirían una baja sensible y lo peor, las formas en que quedarían las asignaciones de diputados y senadores.
Dos de las cosas que los electores consideran como oportunas son la de reducir la saturación que hay en el Legislativo con 500 diputados y 128 senadores, por lo que valdría la pena corregir esas cifras. De los diputados 300 son de elección directa y 200 de representación proporcional y en el Senado 64 se eligen de forma directa con el voto ciudadano, 32 más son el segundo lugar en cada estado y 32 más son de representación proporcional.
Aquí es donde los partidos que avalan la reforma electoral no han tomado en cuenta la reducción que sufrirían sus bancadas, ya que la propuesta considera que se eliminen los triunfos directos y todos los representantes populares tengan el carácter de plurinominales y de acuerdo a los votos que obtenga cada una será su número de representantes.
Así con poca representatividad y escasos recursos económicos, más de uno de los actuales partidos pasaría a la extinción en los siguientes dos procesos federales, en el caso de aprobarse dicha reforma.
Veremos cómo reaccionan los partidos y si sus cuentas les arrojan números que satisfagan sus ambiciones.

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