mar. Nov 29th, 2022

Abel Moreno López

Este artículo de mi autoría se publicó originalmente en la Revista Vuelo No. 2 en diciembre de 2016 dirigida por Carlos Ruiz Cabrera. Se reproduce dado que ambiente de crispación que generó el episodio que se narra, es muy similar al actual contexto de la política local, incluyendo los actores en pugna. En aquel tiempo se hablaba de tres decretos no vetados ni publicados, hoy se habla de 56 decretos en esas condiciones.

Siempre, en el ámbito de la política, la civilidad es un ideal. Sea por razones ideológicas, políticas, económicas o de interés particular o de grupo o de otro tipo, pero siempre la interacción entre actores de la política se ve marcada por la confrontación en diversas intensidades, llegando a provocar o promover violencia.

Es debido a ello que la civilidad surge como un ideal en el que si bien coinciden la mayoría de los actores políticos, no todos ni siempre la ejercen. Suele suceder que el que pide paz es el principal agresor.

En el proceso histórico del Poder Legislativo local no han faltado episodios en los que desbordadas las pasiones, a falta de argumentos convincentes, ha aparecido la violencia. Tal es el caso del presente relato.

Vale señalar que al abordar este tema dentro del marco de la historia política de Nuevo León, no se trata de hacer un panegírico de la violencia, se trata antes bien, de llamar la atención sobre un caso deleznable, con la certeza de que sólo al reconocer los propios claroscuros, se les puede evitar.

Hay quien dice, parece que con razón, que quienes no conocen el pasado corren el riesgo de volver a vivirlo.

El episodio que nos ocupa se dio a mediados de la década de los años 20 del pasado siglo. Hace 96 años. El escenario era el de un gobierno dividido, con un gobernador emergente, proclive a la confrontación y un Congreso opositor que fue capaz de superar sus divisiones por las acciones del ejecutivo; todo esto en una época en la que el uso de la fuerza era herramienta privilegiada para superar las controversias.

Los primeros cuarenta años del siglo XX presentan una imagen contrastante de Nuevo León. Por una parte, el impulso de la naciente industria y el comercio que serían decisivos para la superación del Estado y su ubicación definitiva en la vanguardia del país; por otra, un ambiente de tensión e inestabilidad política, tanto por la situación imperante en lo nacional, como por las propias circunstancias políticas locales.

Episodios tales como el del 2 de abril de 1903, en que la voz de las oposiciones a la dictadura son acalladas con violencia; la campaña maderista en Monterrey en 1910; los gobiernos villistas; el gobierno de Antonio I. Villarreal; el desafuero de gobernadores; la multiplicidad de alcaldes en Monterrey; el juicio a Pablo González; el fusilamiento de Jesús María Guajardo; la toma de Monterrey en la rebelión escobarista; el surgimiento y cierre de la universidad; la intentona de la educación socialista; la nulidad electoral de 1935 y el enfrentamiento obrero-patronal frente al Casino Monterrey en 1936: todos son, entre otros, ejemplos de la inestabilidad política que marcó la historia de esta entidad en esas cuatro décadas.

Particularmente en los años veinte, se vive una gran agitación política. La revolución triunfante vive un ambiente de confusión en el que no se acierta a definir a los ganadores, y se genera una lucha intestina que afecta a todos y compromete el ejercicio gubernamental.

La inestabilidad política es el signo de los años 20 en Nuevo León. En este ambiente, el Congreso del Estado es la arena natural en que se dan los enfrentamientos entre los actores de la política que defienden intereses diferentes.

Sirva para ilustrar ese difícil ambiente político, recordar que la XXXIX Legislatura que debió funcionar entre 1921 y 1923, cuando cuatro de quince diputados fueron sustituidos por motivos diversos y este organismo no concluyó su periodo legal.

La Legislatura XL (1923-1925) presentó de inicio la irregularidad de haberse instalado dos “cámaras” el día 11 de septiembre, una “que sesionó en el recinto oficial y fue reconocida como legal por el gobernador interino, doctor Ramiro Tamez, y la que se instaló, sin quórum pero con el apoyo del presidente Álvaro Obregón, en el cuarto número cuatro del Hotel “Bridges”, ubicado por la calle Colón de Monterrey.

En 1925 inicia funciones la XLI Legislatura Constitucional, que arranca otra vez con el fenómeno de instalarse dos legislaturas, una en el recinto oficial y otra en el lugar conocido como “casa de los espantos”, ubicada por Zaragoza a la altura de Madero.

Corría la década de los veinte, marcada por la inestabilidad política también en lo nacional. Es el año de 1926, exactamente a la mitad del mes de octubre. El lugar de los hechos es el palacio de gobierno, el ala sur-poniente, donde tuvo su asiento por 85 años el Poder Legislativo y su exterior inmediato, esto es la calle Zaragoza entre las de 5 y 15 de Mayo.

Jerónimo Siller ocupaba el cargo de gobernador substituto desde el año anterior, en virtud del desafuero del originalmente electo general Porfirio González. Aún le restaba casi un año de ejercicio como gobernador, pero era evidente que no tenía una adecuada comunicación con los integrantes del Poder Legislativo, mismos que le habían conferido ese cargo.

Desde mediados de año venían presentándose desavenencias entre los diputados y entre éstos y el gobernador Siller. Era una etapa de transición en la que los ánimos de confrontación eran más valorados que los de concertación y, desde luego, que los de civilidad.

Un vistazo rápido, a vuelo de pájaro a las actas y expedientes del Congreso, permite vislumbrar la realidad imperante: el 28 de septiembre el diputado Chávez Abarca denuncia en tribuna que la noche anterior fue amenazado y públicamente injuriado por el agente de la Policía Especial del gobernador, José Cuéllar. Dijo: “ya resulta intolerable la actitud de esos agentes”, y solicitó se consignara el caso a la autoridad competente y se pusieran estos hechos en conocimiento del gobernador.

El primero de octubre, las Comisiones Unidas de Legislación y Gobernación proponen discutir y aprobar tres dictámenes que ya habían sido aprobados el mes de agosto anterior, y que se refieren al conflicto municipal de la ciudad de Monterrey, a la suspensión del tesorero general del Estado y a la derogación del Decreto Número 28, emitido por el Congreso con fecha 21 de abril de 1920.

Estos temas, aprobados por unanimidad, constituían el fondo del problema político con el gobernador Siller y fueron la gota que derramó el vaso de la confrontación.

El primero de los decretos establecía que el Congreso del Estado reconoce y sostiene relaciones con el Ayuntamiento Constitucional de Monterrey que preside el profesor Antonio Moreno. El segundo decreto comunicaba al gobernador substituto permitiera el ejercicio de sus funciones al tesorero general Hilario Contreras Molina; por su parte, el tercer decreto decía que carece de toda legalidad y en consecuencia es nulo el Decreto 28 del 21 de abril de 1920, en virtud de que tiende a lesionar la autonomía municipal que consagra el Artículo 115 de la Constitución General.

El Congreso sostenía que si el gobernador no hacía uso de su derecho de veto, es decir, la facultad que le señala la Fracción XI del Artículo 85 de la Constitución local, que le permite en un plazo de diez días objetar los decretos, y a la vez no les daba debido cumplimiento, ni los publicaba y acataba en sus términos, se consideraría consumada la violación constitucional por parte del titular del Ejecutivo. Es decir, que el gobernador Siller pudo ejercer su derecho de veto contra esos decretos y que al no hacerlo, debió haberlos publicado, pues de lo contrario estaría violando la Constitución.

El gobernador por su parte, sostenía que dichos asuntos estaban siendo revisados por la Suprema Corte de Justicia, por lo que debían suspenderse. Ese fue uno de los asuntos leídos en la sesión del viernes 15 de octubre de 1926, que dio inicio a las diez horas y cincuenta y cinco minutos, bajo la presidencia del diputado Alfredo Garza Nieto, con asistencia de los diputados Leocadio González M., Ambrosio Solís, Francisco Chávez Abarca, José Martínez Tamez, Arnulfo González Rubio, Nieves Alberto Hernández, Guadalupe Mainero, Enrique Garza, Rodolfo Hinojosa, Alonso Lazcano, Felipe Martínez B., Reynaldo García Welsh y Conrado de la Garza.

La respuesta del gobernador se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y justo en ese momento algunos individuos “bien conocidos como agentes del Ejecutivo, tratan de alterar el orden; la secretaría, por acuerdo del presidente y con fundamento en el reglamento, demandó enérgicamente que dejaran de estar interrumpiendo a los oradores y guardaran la compostura que reclama el recinto del Congreso”, según se lee en el acta de aquella sesión.

En el uso de la palabra, el diputado González Rubio denuncia que desde hace mucho “el Ejecutivo del Estado ha tratado de amedrentar por todos los medios que tiene a su disposición, á los CC. Diputados”, y agrega: “anoche salimos de Montemorelos a las siete, el compañero García Welsh, Felizardo C. Villarreal y el que habla, en un automóvil; ajenos a todo acontecimiento desagradable, hasta Villa de Juárez, veníamos perfectamente pero en el tramo comprendido entre Los Lermas y la Villa de Guadalupe, nos encontramos un auto que enfocó los reflectores en el que nosotros ocupábamos; García Welsh y Felizardo venían dormidos, y yo, que estuve enfermo, no traía arma; un amigo nuestro que ocupaba asiento delantero, en compañía del chauffeur, traía una carabina 30 x 30 que el señor Villarreal había puesto allí por precaución, y si no hubiera sido que estuvo listo a contestar a los asaltantes y apuntarles con el arma hubiéramos sido acribillados a balazos, estilo “La Mexicana”, por los individuos José Cuéllar (a) “Pasitos”, Julián García, jefe de la Policía Especial del Gobierno y el “chauffeur” del mismo C. Gobernador, quienes con imprecaciones propias de un asalto y carabina en mano, detuvieron nuestro auto”.

Siguieron otras intervenciones reprobando los hechos denunciados y otras acusaciones, hasta que se propuso consignar los hechos a las autoridades competentes, lo que fue aprobado por unanimidad. Enseguida se levantó la sesión. Eran las once horas con cincuenta minutos.

La cosa no terminó ahí. Desde temprano, tanto en el recinto como en los patios y en el segundo piso del palacio de gobierno, se observaba un gran número de personas destacando los empleados de riego y limpia, así como agentes de las policías estatales y municipales. Se dice que esa gente había sido convocada para ejercer presión sobre los diputados, pues se presumía que en dicha sesión se propondría desaforar al gobernador.

Los ánimos estaban caldeados y por eso, al abandonar los diputados la sesión, dieron inicio las hostilidades, según se relata en diversos expedientes y actas que obran en el archivo legislativo nuevoleonés.

De las diversas versiones enunciadas en dichos textos y lo consignado por la prensa de la época, puede decirse que la confrontación se dio en varios frentes, tanto en el recinto como en el patio, con disparos desde el segundo piso y de la azotea e incluso en la calle Zaragoza. No todos los diputados portaban armas, pero los que traían sólo contaban con una carga; pero por parte de los policías y empleados que encabezaban la agresión se contaban por lo menos 100 individuos y hubo quien afirma que se hicieron más de mil disparos hacia las instalaciones del Congreso y hacia los diputados.

Algunos legisladores y otras personas que no portaban armas, optaron por esconderse en la Sala de Comisiones y otros se aventuraron a salir y cruzar la calle Zaragoza, para guarecerse en el “Hotel “Palacio”; en ese intento fue muerto el oficial mayor del Congreso, señor Óscar Sepúlveda. Dentro de las oficinas resultó herido el reportero de El Noticiero, señor Narciso Solís Zúñiga.

Estos hechos reavivaron las disputas entre el gobernador y los diputados, y la polémica traspasó ahora las paredes del palacio de cantera y llegó lo mismo a los tribunales locales y federales, a los medios de comunicación, las legislaturas locales, las cámaras federales y a la presidencia de la república.

Estos actores continuaron su ejercicio legal hasta el año siguiente en que iniciaría una breve tregua en el periodo de inestabilidad política local, con la llegada de Aarón Sáenz y el Partido Social Democrático de Nuevo León, pero esa es ya otra historia…

A noventa y seis años de distancia de los hechos narrados, resulta importante reflexionar sobre las circunstancias en que se da actualmente la lucha política, porque aunque se vive en un nuevo contexto, el debate no siempre se da en las condiciones de civilidad deseables. No todos los actores guardan la madurez requerida en el discurso y muchas veces la pasión amenaza desbordarse.

No se trata de lograr criterios unánimes en todos los temas, ni de alcanzar consensos por decreto, ni de imponer un poder sobre otro. Se trata del imperio de la razón, del ejercicio del derecho a disentir, de que la tolerancia cobre vigencia y la civilidad presida la toma de decisiones… De eso y no de otra cosa se trata la política… la vieja y la nueva… Hasta la próxima…

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