Monterrey . – Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas con 6,288 casos registrados, resumió la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
Recuerda que este lunes 16 de enero se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), pero aún hay brechas para su implementación y las desaparicionesvan en aumento.
“En México hay más de cien mil personas desaparecidas. A pesar del avance que representó el establecimiento de la Ley General, aún existen brechas en su implementación, lo que limita su capacidad para garantizar verdad y justicia. Una de ellas es la insuficiencia presupuestaria para la operación adecuada de agencias especializadas en desaparición”, señala en un documento CADHAC.
Al mismo tiempo, agrega, los familiares de personas desaparecidas enfrentan grandes dificultades para acceder a medidas de reparación del daño. También existe impunidad sistemática lo que favorece que las desapariciones se sigan cometiendo.
“Los gobiernos muestran apatía y desinterés para resolver la crisis de desapariciones y brindar seguridad y verdad a la población. A pesar de algunos esfuerzos institucionales, la justicia sigue siendo inalcanzable. La sociedad está cansada de esta irresponsabilidad e infamia por parte de las autoridades, quienes no priorizan la paz y se constata al observar los presupuestos destinados al tema de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal”, destaca.
Finalmente, recuerda, el 1° de enero de 2023 entró en vigor la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, tras varios años de esfuerzo de familiares de personas desaparecidas, con quienes las autoridades de la entidad tienen una gran deuda.
Su implementación efectiva y el compromiso de brindar justicia a las familias de personas desaparecidas requiere tomar en cuenta las limitaciones de la implementación de la Ley General.
Por ello, debe garantizarse el acceso de los familiares a medidas de reparación del daño, la provisión de presupuesto suficiente y medidas serias para combatir la impunidad en los casos de personas desaparecidas.