jue. Mar 28th, 2024


Teresa Sepúlveda
Los diputados de las bancadas del PRI, PAN y a veces también morena en Nuevo León se han dedicado a buscar la forma quitarle atribuciones al gobernador Samuel García y no han podido, situación que los tiene bien… ca…nsados y enojados.
Primero quisieron negociar con el presupuesto 2023. Pretendían incrementos de 20 y 30 por ciento en las participaciones de los municipios, luego quisieron otro tanto para fondos a los municipios rurales y municipios de ultra crecimiento; también querían más dinero para el poder judicial y las fiscalías, entonces el joven gobernador optó por quedarse con el presupuesto del año anterior.
Encolerizados los legisladores desde la comisión anticorrupción emprendieron un juicio político, por la omisión de publicar decretos y por el retraso en la entrega del Presupuesto 2023.
En otra fructífera sesión en el congreso, propusieron que el nombramiento del secretario de Gobierno debía requerir su venia. Ah, y que Samuel les pidiera permiso para salir de viaje.
Ya entrados en gastos y afianzados en su curul, empezaron a ver la posibilidad de cuidarse la retaguardia, y en noviembre del año pasado, mientras el gobernador Samuel García andaba de gira por Egipto, las bancadas de oposición en el Congreso aprobaron una reforma a la Ley de Hacienda con la que los legisladores tendrían el poder de ratificar al titular del SAT estatal. De esa forma se evitarían el uso político que aseguran le estaba dando Samuel.
Después el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta reformas al artículo 87 de la Constitución local para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), fuera un órgano autónomo cuya operación no dependa del Ejecutivo estatal. De esta forma, la Fiscalía sería la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos.
Entonces aprovechando la coyuntura y la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo, se les ocurrió que el priista “Adrián de la Garza Santos”, dos veces alcalde de Monterrey -y adversario de Samuel García en la contienda electoral-, fuera nombrado fiscal.
Pero como sus ideas, ataques o luchas intestinas, siempre tuvieron como respuesta el veto del gobernador, decidieron irse a la yugular y propusieron quitarle la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes, pero Samuel recibió una suspensión de amparo por parte deL juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez contra todas las reformas aprobadas por el Congreso del Estado que le quitaban facultades. Ahora los Diputados federales del PAN, Annia Gómez, y del PRI, José Luis Garza Ochoa, lo acusan de conceder amparos a modo y pusieron una denuncia administrativa en su contra.
Después de este repaso de hechos, les pregunto: ¿Ustedes creen que estas acciones benefician a los ciudadanos? Yo no.
Necesitamos lo que Monseñor Rogelio Cabrera López llama en la Iglesia “sinodalidad política”, es decir, “caminar juntos” por el bien de todos y no de unos cuantos.

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