Monterrey, NL.- Nuevo León ha logrado avances importantes en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, pero el reto ahora es garantizar la continuidad de las políticas de fomento, el cumplimiento de los recursos comprometidos y la consolidación de espacios permanentes de participación.
De acuerdo con el Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2023, Nuevo León ocupa el primer lugar nacional gracias a su marco institucional, los programas de fomento y la apertura al diálogo entre gobierno y organizaciones.
Durante esta año 2025, el Estado ha impulsado instrumentos inéditos en México, como:
- La construcción participativa del primer Plan Estatal de Fomento, que establece una hoja de ruta común y de largo plazo.
- La reforma a la Ley Estatal de Fomento a la Sociedad Civil Organizada, actualmente en proceso de aprobación, que amplía el reconocimiento de redes, articulaciones y nuevas formas de organización comunitaria, y fortalece al Registro Estatal de Organizaciones como herramienta de planeación.
Estos avances responden a una visión de corresponsabilidad: el gobierno genera condiciones y certidumbre; las organizaciones aportan conocimiento especializado. Ejemplos concretos incluyen Hambre Cero Nuevo León, la Red de Cuidados, la articulación para atención a mujeres sobrevivientes de violencia y la respuesta comunitaria en temas ambientales y de movilidad. Cada uno de estos esfuerzos tiene impacto directo en la calidad de vida de las personas.
Desde Consejo Cívico se reconoce que el propio Gobierno ha señalado a la sociedad civil como un actor estratégico para el desarrollo social del estado. Para materializar esa visión, es necesario avanzar hacia la consolidación de espacios permanentes de participación e incidencia, donde las organizaciones puedan contribuir no solo a la ejecución de programas, sino también al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Sin embargo, los avances normativos y de planeación deben ir acompañados de su implementación efectiva. El cumplimiento de los apoyos económicos establecidos en la Ley de Fomento y la Ley de Egresos no es discrecional, sino una obligación legal y un compromiso público con las comunidades a las que benefician los programas y servicios que las organizaciones realizan cotidianamente. La entrega oportuna de estos recursos es indispensable para garantizar la continuidad de proyectos comunitarios, educativos y sociales, y para sostener la credibilidad del andamiaje institucional que el propio Estado ha construido.
Consejo Cívico hace un llamado al Gobierno del Estado a mantener y fortalecer el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, dar continuidad a las políticas de fomento y cumplir puntualmente con los compromisos financieros asumidos. Solo asegurando corresponsabilidad real, cumplimiento y participación estructural podremos consolidar el fomento a la sociedad civil como una política de Estado en beneficio de todas y todos los neoleoneses.