Por Gerardo Guerrero

México vive una crisis de desapariciones que, lejos de aminorar, se expande y profundiza en cada rincón del país, mientras las instituciones encargadas de prevenirla, investigar la y atenderla se fracturan bajo la presión de reformas aceleradas, narrativas oficiales que minimizan el fenómeno y una impunidad que, más que circunstancial, aparece como una constante estructural. En este escenario, la reciente activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas —un mecanismo excepcional reservado para situaciones de extrema gravedad— ha colocado al país bajo el escrutinio directo del Comité de la ONU. Esta decisión fue anunciada al cerrar su 28° período de sesiones, y fue tomada por consenso del Comité. Amnistía Internacional, en un informe remitido al organismo, advierte que las desapariciones en México no solo son generalizadas: muestran indicios concordantes de sistematicidad que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. La magnitud del fenómeno es contundente. El Registro Nacional reporta 133,101 personas desaparecidas y no localizadas, cifra que continúa en ascenso y refleja un deterioro acelerado respecto a años recientes. A esta crisis humana la acompaña otra igualmente devastadora: más de 72,100 cuerpos sin identificar y 5,696 fosas clandestinas localizadas, un retrato brutal de un país donde la muerte y la ausencia conviven con la opacidad y la desmemoria oficial. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz concentran las cifras más elevadas, y siete entidades reúnen el 71% de los cuerpos no identificados, evidencia de un patrón nacional que no distingue región, gobierno ni territorio. Frente a estos datos, la respuesta gubernamental ha sido ambigua: mientras organismos internacionales y nacionales han señalado insistentemente la posible participación de agentes del Estado —ya sea de manera directa o mediante connivencia, aquiescencia o tolerancia—,la narrativa oficial insiste en reducir la responsabilidad únicamente al crimen organizado. Amnistía Internacional subraya que esta postura simplifica un fenómeno complejo donde policías municipales, estatales y federales han sido señalados en diferentes investigaciones, aveces actuando por cuenta propia, otras en colaboración con grupos criminales. Diversos informes de la CIDH, el Comité de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas coinciden en que la frontera entre crimen organizado y autoridad se difumina en muchos casos, revelando patrones que no son producto del azar, sino de prácticas que se repiten, se consolidan y producen un efecto de terror colectivo. Los patrones son reconocibles: detenciones ilegales, entregas de personas a grupos criminales, uso de vehículos y recursos oficiales, ejecuciones, descuartizamientos, quema de cuerpos, disolución en sustancias químicas y enterramientos clandestinos que coinciden en modus operandi a lo largo del país. El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, expuesto como un centro de reclutamiento forzado donde operaban expolicías —incluido un exjefe municipal—, es apenas una pieza visible de un rompecabezas mayor que muestra colusión, omisiones deliberadas y un desdén institucional que hiere doblemente a las víctimas. La impunidad, por su parte, alcanza niveles abrumadores: 99.6% entre 2019 y 2022. Los números son elocuentes: apenas unas decenas de sentencias por desaparición forzada a nivel federal, y poco más de trescientas a nivel estatal en casi una década. Amnistía Internacionalsostiene que esta impunidad no es exclusivamente un problema de capacidad, sino unaimpunidad “activa”, reproducida mediante alteración de escenas del crimen, intimidación avíctimas y testigos, siembra de evidencia falsa y resistencia institucional a investigar acuerpos de seguridad o redes de narco-política. La sombra de Ayotzinapa, con los hallazgos del GIEI sobre colusión y encubrimiento, sobrevuela inevitablemente este análisis.En medio de esta crisis, el andamiaje institucional que debería servir de contrapeso atraviesauna erosión acelerada. La elección popular de jueces y magistrados, los cambios a la Ley deAmparo que impiden impugnar reformas constitucionales, la desaparición del INAI y la militarización formal de la Guardia Nacional son elementos que, en conjunto, configuran undebilitamiento profundo de los mecanismos de control democrático. Amnistía Internacional advierte que estas modificaciones no solo afectan la independencia judicial o el acceso a la información: impactan directamente la posibilidad de investigar desapariciones, enfrentar la colusión criminal y garantizar los derechos de las víctimas. Mientras tanto, quienes han sostenido la búsqueda durante años —las familias, y en particular miles de mujeres buscadoras— viven una desprotección alarmante. Amnistía Internacional documentó testimonios de más de 600 mujeres que enfrentan amenazas, ataques, asesinatos,desapariciones, extorsiones y estigmatización, muchas veces provenientes de las mismas autoridades llamadas a protegerlas. Algunas fueron asesinadas tras denunciar amenazas, después del hallazgo de fosas o al señalar públicamente omisiones institucionales. La falta de coordinación entre comisiones de búsqueda y fiscalías, sumada a la ausencia de una política integral de atención y reparación, agrava un panorama ya de por sí devastador. Frente a este contexto, Amnistía Internacional concluye que México vive una crisis que no puede seguir negándose. No basta con contabilizar cifras: es necesario reconocer que lasdesapariciones son generalizadas, que podrían ser sistemáticas y que la falta de información oficial desagregada impide comprender la dimensión completa del fenómeno. La organización urge al Estado a aceptar asistencia técnica internacional, fortalecer la independencia de las instituciones de procuración de justicia, garantizar medidas contundentes de prevención y reducir las desapariciones a niveles previos a 2024 como señal mínima de reversión de la tendencia actual. Asimismo, exige que se reconozca el papel insustituible de las familias y se garantice su protección, participación y acceso a la información en todas las etapas del proceso. La activación del artículo 34 no solo representa un llamado de alerta: es un recordatorio de que la comunidad internacional observa con preocupación una tragedia humana que no sedetiene. México se encuentra ante una oportunidad —tal vez la última en este ciclo histórico— para enfrentar de raíz la crisis, romper el círculo de impunidad y restituir la dignidad de quienes han sido desaparecidos y de quienes los buscan. Reparar, reconocer y actuar ya no es una opción: es una obligación impostergable.