Por Gerardo Guerrero

En noviembre de 2025, mientras el tipo de cambio volvía a colocarse en el centro del debate público —con un dólar rozando los 18 pesos y la expectativa de que incluso pudiera romper hacia el umbral de los 17—, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un dato que, lejos de confirmar una sensación de alivio económico, expuso una contradicción profunda en la vida cotidiana de millones de hogares mexicanos: comer lo indispensable es cada vez más caro. De acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza por Ingresos, el costo mensual mínimo de la canasta alimentaria básica —aquella que define el umbral para no caer en pobreza extrema por ingresos— se ubicó en $1,854.63 pesos por persona en zonas rurales y $2,462.71 pesos en zonas urbanas. Las cifras representan incrementos anuales de 3.1% en el ámbito rural y 4.4% en el urbano, una diferencia que no solo revela una brecha territorial persistente, sino que confirma que la vida en las ciudades se encarece a un ritmo mayor que el promedio nacional. Estos números, en apariencia técnicos, tienen una traducción directa y concreta: cada mes se necesita más dinero solo para comer lo mínimo, incluso en un contexto donde los indicadores macroeconómicos parecen favorables. Porque, aunque el peso mexicano se ha apreciado frente al dólar y la inflación general se ha moderado hasta ubicarse alrededor de 3.8% anual, la experiencia diaria de los hogares cuenta una historia distinta, más áspera y menos optimista. El propio INEGI identifica con claridad qué está empujando este encarecimiento. No se trata de productos marginales ni de consumos extraordinarios, sino de elementos centrales en la dieta y la vida cotidiana: alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, cada vez más comunes en un país donde los tiempos de traslado y las jornadas laborales alargadas obligan a comer en la calle; bistec de res, con incrementos cercanos al 19% anual; y, en zonas urbanas, leche pasteurizada, uno de los básicos más sensibles para los hogares con niños. Es decir, sube lo que no se puede dejar de consumir. Aquí es donde el dato frío se vuelve socialmente relevante. Porque cuando los precios que más pesan en el gasto diario aumentan más rápido que la inflación promedio, el resultado es una erosión silenciosa del poder adquisitivo, aun cuando los grandes indicadores sugieran estabilidad. La inflación general, al ser un promedio, diluye estas presiones; pero las familias no consumen promedios, consumen comida, transporte y servicios básicos. Y ahí es donde la presión se siente con mayor intensidad. Esta dinámica se vuelve todavía más reveladora cuando se la observa junto al otro gran fenómeno del momento: el llamado “superpeso”. En el imaginario colectivo, un peso fuerte debería traducirse en precios más bajos, mayor bienestar y menor estrés económico. Sin embargo, la realidad demuestra que esa relación no es automática ni lineal. El fortalecimiento del peso responde principalmente a factores financieros: diferencial de tasas de interés, flujos de capital, expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos. Beneficia a importadores, a empresas con deuda en dólares y a inversionistas financieros. Pero no incide de forma directa en los costos internos que determinan el precio de los alimentos, la renta o los servicios. La paradoja es evidente: el peso se aprecia en los mercados, pero la mesa se encarece en los hogares. Y no porque exista una contradicción estadística, sino porque se trata de dos planos distintos de la economía. La mayoría de los alimentos básicos se producen, transportan y comercializan dentro del país, y sus precios están determinados por costos locales: energía, logística, salarios, rentas comerciales. Además, los precios que ya subieron rara vez bajan cuando el tipo de cambio se aprecia; simplemente se estabilizan en niveles más altos. El contraste se acentúa en las ciudades. No solo porque la canasta alimentaria urbana es máscara en términos absolutos, sino porque crece por encima de la inflación nacional. A ello se suma el aumento en la Línea de Pobreza por Ingresos, que incluye no solo alimentos, sino también gastos no alimentarios como vivienda, transporte, educación y servicios básicos. En noviembre de 2025, esta línea creció 3.9% en zonas urbanas, frente a 3.5% en zonas rurales, confirmando que la vida urbana exige cada vez más ingreso solo para mantenerse a flote. Así, el relato económico que emerge no es el de una crisis inflacionaria descontrolada, pero tampoco el de una bonanza compartida. Es el de una estabilidad macroeconómica que no logra traducirse en alivio cotidiano, el de un país donde los indicadores financieros avanzan en una dirección y la experiencia material de los hogares en otra. Donde el peso fuerte convive con carritos del súper más caros, con comidas fuera de casa que ya no alcanzan y con rentas que absorben una porción creciente del ingreso. Los datos del INEGI, leídos en conjunto con el contexto cambiario, revelan algo más profundo que una simple actualización estadística: la pobreza y el bienestar no dependen solo del ingreso nominal, sino de la velocidad a la que suben los precios de lo indispensable. Mientras esa brecha persista, la sensación de carestía seguirá siendo una realidad cotidiana, incluso en un país con inflación controlada y un tipo de cambio favorable. El reto hacia 2026, por tanto, no será únicamente preservar la estabilidad macroeconómica ni sostener un peso fuerte, sino cerrar la distancia entre los mercados financieros y la vida real. Porque mientras el éxito económico se mida solo en tasas, promedios y paridades cambiarias,y no en la capacidad efectiva de las familias para cubrir lo básico, la contradicción seguirá intacta: un peso fuerte en los gráficos y una vida cada vez más cara en la mesa de los hogares mexicanos.