Por Gerardo Guerrero

En México, hablar de horas de trabajo es hablar no sólo de productividad o de salarios, sino de cultura, historia, salud pública y condiciones casi antropológicas que se han ido sedimentando generación tras generación. Pocos datos lo ilustran mejor que éste: México es, desde hace años, el país que más horas trabaja dentro de la OCDE, con alrededor de 2,128 horas anuales frente a un promedio internacional cercano a 1,736.
Esa distancia, repetida hasta el cansancio en informes, no es una mera cifra: es el retrato cuantitativo de un país que ha hecho del desgaste su normalidad, del exceso una forma de cumplimiento y de la fatiga una suerte de destino social. Y, sin embargo, el tema reaparece hoy envuelto en una narrativa política: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, propuesta por el nuevogo bierno y celebrada desde algunos sectores como un avance histórico.
Pero el optimismo legislativo, por importante que sea, apenas roza la superficie. Porque detrás de esa reducción aparente —que en realidad no concede un segundo día de descanso, sino únicamente redistribuye tiempo— laten interrogantes más profundas: ¿qué significa trabajar menos? ¿Qué implica, socialmente, descansar? ¿Cuándo empieza realmente la libertad humana frente al tiempo? Y sobre todo, ¿puede una reforma legal corregir un modelo laboral construido durante décadas sobre la precariedad cotidiana? No es casual que la Organización Internacional del Trabajo haya discutido este tema desde supropio nacimiento en 1919, cuando estableció límites y descansos obligatorios para enfrentar jornadas peligrosas en los albores industriales.
La OIT insistió, desde entonces, en que el tiempo no podía seguir perteneciendo únicamente al empleador; que la jornada no podía ser infinita; que el trabajador, antes que fuerza productiva, era un ser humano con cuerpo, familia y aspiraciones fuera de la fábrica. Cien años después, esas advertencias no sólo siguen vigentes: se han vuelto cada vez más urgentes. La propia OIT advierte que las jornadas prolongadas deterioran la salud física, incrementan riesgos cardiovasculares, provocan fatiga crónica y erosionan lentamente la vida familiar y social. Lo interesante —y acaso más revelador— es que esta evidencia no permanece encerrada enarchivos históricos. Por el contrario, cuando se observa el mapa internacional contemporáneo, la correlación entre menos horas trabajadas y mayor productividad resulta difícil de ignorar.
La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile reúne indicadores donde se muestra con claridad que los países con jornadas más cortas tienden a tener mejores niveles de PIB por hora, mientras que México combina exceso de tiempo y bajo rendimiento relativo.
Ahí reside una de las paradojas modernas: el país que trabaja más no necesariamente produce más, y la ecuación “más trabajo = mayor crecimiento” aparece cada vez más como un eco de otra época que una realidad verificable.
Sin embargo, la reforma mexicana —que se proyecta gradual, llegando a las 40 horas hacia 2030— no garantiza automáticamente un descanso real.
La paradoja vuelve a emerger: menos horas, pero sin un segundo día libre. Se conserva el modelo de seis días laborales por apenas uno de descanso, lo cual implica una relación desigual entre esfuerzo y recuperación, entre agotamiento y posible bienestar. La OIT ha sido clara: el descanso semanal constituye un derecho fundamental para preservar salud, vida familiar, y bienestar psicológico.
Sin ese componente, la reducción se convierte en un espejismo estadístico: menos horas en papel, misma fatiga en la práctica. Algo similar ocurre cuando se examinan los estándares de la OCDE en materia de derechos laborales: sus directrices exigen condiciones dignas, respeto sindical, mecánicas de seguridad y una responsabilidad empresarial que no traslade los costos del trabajo a la salud mental o física de los trabajadores. Cuando el debate mexicano parece reducirse a un enunciado político —“trabajaremos menos”— la letra internacional advierte otra cosa: no basta reducir numéricamente la jornada; es imprescindible garantizar que ese tiempo se traduzca en bienestar tangible y comprobable. Pero hay un elemento aún menos visible y quizás decisivo: la inspección laboral. México posee un aparato limitado para vigilar condiciones reales dentro de los centros de trabajo. Silas empresas ajustan la jornada “en teoría”, pero compensan con horas extras o prácticas informales, la reforma corre el riesgo de quedar en un horizonte ceremonial, sin efectos sensibles en la cotidianidad. Y, por desgracia, la historia laboral mexicana conoce demasiados episodios en los que el “avance legal” quedó anulado por la realidad material de la precariedad. Frente a este panorama, la pregunta esencial se vuelve inevitable: ¿qué sería una reforma laboral verdaderamente transformadora? Sin duda, una que parta del principio humanista qué dio origen a las primeras convenciones de la OIT: reconocer que el tiempo es un derecho humano concreto. Tiempo para descansar, para convivir, para respirar. Tiempo no sometido, no comprado, no condicionado por la maquinaria económica.
Una reforma auténtica debería asegurar dos días de descanso, mecanismos efectivos de vigilancia, fortalecimiento sindical y modelos que, más que ajustar horas, modifiquen la estructura misma de la semana laboral. De hecho, la premisa internacional más contemporánea no es ya sólo pasar a 40 horas, sino avanzar hacia modelos de 35 horas o semanas laborales de cuatro días en contextos europeos.Todo ello bajo el amparo de la propia Agenda 2030, que vincula trabajo decente y bienestar integral. El futuro del trabajo parece ir en sentido contrario al que México ha normalizado durante décadas: jornadas más cortas, descanso más efectivo, salud garantizada, productividad basada en eficiencia más que en desgaste. Hoy, el país tiene frente a sí una oportunidad histórica. Pero lo que está en juego no son únicamente ocho horas menos. Lo que está en juego es un modelo civilizatorio del trabajo: si el tiempo de los mexicanos seguirá siendo absorbido por la rutina laboral o si, por primera vez, comenzará a ser devuelto —aunque sea parcialmente— a la vida. Las 40 horas pueden ser un punto de partida, pero jamás deberían presentarse como una meta definitiva. Un país que trabaja más que nadie y descansa menos que todos no requiere una reducción simbólica, sino una transformación estructural del modo en que entiende y organiza su existencia. Porque al final, más allá de cifras y normativas, la pregunta fundamental sigue siendo la misma que la OIT planteó hace ya más de un siglo: ¿a quién pertenece el tiempo? Si la respuesta sigue siendo “al trabajo”, la reforma habrá fracasado antes de comenzar. Pero si el país logra reconocer que el tiempo —como la dignidad, como la salud, como el futuro—pertenece primero a las personas, entonces sí podremos decir que la discusión sobre las 40 horas fue, en verdad, un punto de inflexión y no simplemente una estadística en el calendario legislativo.