El proceso electoral rumbo a 2027 comenzó en un contexto de elevada percepción de corrupción y baja confianza en los partidos políticos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, ocho de cada 10 personas consideran frecuente la corrupción en México y 83.9 por ciento identifica esta práctica en los partidos.
En contraste, apenas 23.9 por ciento de la población manifiesta tener confianza en esas organizaciones. La percepción también alcanza a las instituciones electorales: 59.9 por ciento considera frecuentes los actos de corrupción en ellas, mientras 48.1 por ciento dice tener mucha o alguna confianza.
El impacto económico de estas prácticas también aumentó. Durante 2025, la corrupción relacionada con trámites, pagos o contacto con autoridades tuvo un costo de 17 mil 707 millones de pesos, un incremento de 48.7 por ciento respecto a 2023, según el INEGI.
Este panorama acompaña al Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado formalmente el 10 de septiembre y cuya jornada se realizará el 6 de junio de 2027. En los comicios se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones locales en las 32 entidades, con más de 20 mil cargos públicos en disputa.
El INE prevé una lista nominal superior a 101 millones de ciudadanos y la instalación de alrededor de 176 mil casillas.
Mauricio Merino Huerta, ex consejero del IFE y académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que el sistema electoral llega a esta contienda “muy, muy maltrecho” y llamó a vigilar los riesgos desde el inicio.
Entre los principales focos de atención, señaló el adelanto de actividades partidistas, una eventual intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y el desempeño de las autoridades encargadas de garantizar condiciones equitativas.
Merino también planteó que la corrupción electoral no se limita a las campañas, la compra de votos o el uso ilegal de recursos. Puede continuar después de los comicios mediante la asignación de cargos, presupuestos, contratos y privilegios.
Por ello, sostuvo que la vigilancia debe abarcar todo el proceso: financiamiento, campañas, fiscalización, uso de recursos públicos, actuación de las autoridades y decisiones posteriores a la elección.
El académico subrayó finalmente la necesidad de una mayor participación ciudadana. “La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno”, afirmó, al señalar que la imparcialidad de las autoridades debe demostrarse también mediante sus decisiones.
