Monterrey.— Ante los constantes escenarios de reconducción presupuestal registrados en los últimos años, las bancadas del PRI y PRD propusieron reformas para establecer reglas claras sobre el ejercicio del gasto cuando no entre en vigor una nueva Ley de Egresos y continúe vigente la del año anterior.
Los diputados Perla Villarreal Valdez y Javier Caballero Gaona presentaron en Oficialía de Partes iniciativas para modificar la Constitución local, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Coordinación Hacendaria.
El paquete, denominado “Reconducción con reglas”, busca garantizar la continuidad de servicios y obligaciones indispensables, limitar decisiones discrecionales, proteger la división de poderes y fortalecer la transparencia y fiscalización.
“La reforma protege los recursos de los municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos, sin que pierdan valor real, ya que deberán actualizarse”, explicó Villarreal Valdez.
“Estas iniciativas son como un candado para ver realmente hacia dónde va la reconducción presupuestal y que esta libre disposición no se mueva al antojo del Ejecutivo”, agregó.
Caballero Gaona señaló que las reformas pretenden acotar decisiones unilaterales del Ejecutivo, sin impedir la atención de situaciones extraordinarias.
“Lo que estamos haciendo es ponerle reglas al dinero en una reconducción, porque las reglas de un presupuesto aprobado ya existen, nosotros no estamos poniendo un peso más ni un peso menos”, afirmó.
La propuesta contempla modificar el artículo 188 de la Constitución estatal; diversos artículos de la Ley de Administración Financiera, así como de la Ley de Coordinación Hacendaria de Nuevo León.
Entre las acciones que sí podrán realizarse durante una reconducción están:
Cumplir obligaciones constitucionales, legales y resoluciones judiciales.
Pagar salarios y mantener servicios públicos indispensables.
Cubrir contratos vigentes, deuda y adeudos legalmente procedentes.
Entregar recursos a los Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios.
Mantener programas y proyectos vigentes, incluidos apoyos a organizaciones civiles y pequeñas y medianas empresas.
Aplicar recursos federales etiquetados y la coparticipación estatal correspondiente.
Atender emergencias sanitarias, de protección civil o desastres bajo controles establecidos.
Garantizar financiamiento público a partidos y gastos de procesos electorales y de participación ciudadana.
En cambio, no se permitirá:
Contratar deuda de largo plazo sin autorización vigente.
Crear contribuciones, dependencias, programas o plazas por la continuidad presupuestal, salvo excepciones legales en seguridad, salud y educación.
Retrasar, reducir o condicionar ilegalmente recursos a municipios.
Realizar modificaciones presupuestarias relevantes sin autorización del Congreso cuando excedan los límites establecidos.
Destinar ingresos excedentes a comunicación social o nuevos programas.
Utilizar comunicación social para promoción personalizada, propaganda partidista o difusión de logros gubernamentales.
Renovar autorizaciones agotadas o comprometer recursos de ejercicios posteriores sin autorización expresa.