Pide Congreso de NL, investigar presunta triangulación de 7 mil 212 millones de pesos
Monterrey. – El Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto dirigido a autoridades federales y estatales para que investiguen posibles irregularidades financieras relacionadas con operaciones por 7 mil 212 millones de pesos, que, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con familiares del gobernador Samuel García.
La propuesta fue presentada por la diputada panista Claudia Caballero y recibió el respaldo de la mayoría del Pleno. El acuerdo solicita la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Caballero sostuvo que es necesario reconstruir el recorrido de los recursos, identificar a quienes pudieron beneficiarse de las operaciones y establecer si hubo afectaciones a las finanzas públicas de Nuevo León.
El exhorto plantea que la UIF realice un análisis financiero de las transferencias, identifique a los posibles beneficiarios finales y determine si existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la FGR se le pide dar seguimiento a la denuncia presentada por la ASF, desarrollar las investigaciones correspondientes y, en caso de encontrar elementos, proceder penalmente contra los posibles responsables.
Por su parte, la ASE deberá incluir en la revisión de la Cuenta Pública 2025 una fiscalización detallada sobre el manejo, ejercicio y destino de los recursos estatales, con el propósito de detectar eventuales desvíos, irregularidades o actos de corrupción.
Caballero dimensionó el monto observado al señalar que equivaldría a los recursos necesarios para construir aproximadamente seis kilómetros de Metro.
La priista Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción, afirmó que el propio Samuel García habría reconocido las operaciones en un informe entregado a esa comisión, como parte de uno de los procedimientos de juicio político que enfrenta. Según explicó, el mandatario argumentó que los recursos dejaban de ser públicos una vez que salían de las cuentas estatales.
En tanto, la diputada del PRI Lorena de la Garza señaló que los 7 mil 212 millones de pesos representarían una cantidad superior al presupuesto de egresos de 21 municipios, al gasto anual en Salud del Estado y al equivalente de 45 años de atención para pacientes con cáncer infantil.
Acusó que el dinero no se destinó a atender las necesidades de la población y exigió que se esclarezca quiénes participaron en las operaciones. También cuestionó a los legisladores que, desde su perspectiva, han evitado exigir explicaciones al Ejecutivo estatal.
En defensa del Gobierno estatal, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, pidió no anticipar conclusiones y recordó que el titular de la ASF ha señalado que las revisiones y las investigaciones todavía no concluyen.
Añadió que tanto la Tesorería estatal como el gobernador han manifestado disposición para aclarar las operaciones y rechazó lo que consideró un intento de responsabilizar anticipadamente al mandatario.
Pámanes aseguró que la administración de Samuel García ha actuado correctamente y sostuvo que las acusaciones de la oposición buscan desacreditar al Gobierno antes de que concluyan las investigaciones.
