Acusa Clara Luz a Samuel García y su entorno por presunta triangulación de recursos

Monterrey.- Una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y personas de su entorno familiar abrió un nuevo frente de señalamientos por el presunto manejo irregular de recursos públicos en Nuevo León.
La acción legal fue promovida en la Ciudad de México por Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación en el estado, quien atribuyó posibles delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita al mandatario, a su esposa Mariana Rodríguez, a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a otros posibles involucrados.
Flores expuso que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, existiría una red de empresas a través de la cual dinero del erario estatal habría sido transferido hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con el Gobernador y su familia.
Entre los elementos que presentó como parte de sus señalamientos figura una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades que ascienden a 7 mil 212 millones de pesos.
Asimismo, señaló la existencia de contratos por 110 millones de pesos adjudicados por el Gobierno estatal a empresas que, según afirmó, fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado.
La denunciante rechazó que los recursos públicos pierdan esa condición al ser entregados a particulares mediante contratos o pagos a proveedores, al considerar que su procedencia y destino deben seguir sujetos a fiscalización.
Al ser abordado sobre las acusaciones durante una actividad oficial en Juárez, Samuel García evitó responder directamente. Los periodistas le preguntaron por las denuncias presentadas por Clara Luz Flores y Alfonso Ramírez Cuéllar, pero el mandatario reaccionó con un “¿Quién?” y posteriormente afirmó: “No lo conozco”.
Por separado, en Monterrey, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, sostuvo que los señalamientos financieros dados a conocer por la ASF no corresponden necesariamente a las investigaciones que anteriormente se realizaron contra el Gobernador.
Explicó que las carpetas previas fueron analizadas con las pruebas disponibles en su momento y que, a consideración de la Fiscalía, no había elementos suficientes para acreditar los hechos investigados.
“Yo creo que se trata de hechos diferentes, en su tiempo fueron analizados los datos de prueba que existían dentro de la carpeta”, manifestó.
El funcionario también precisó que la institución estatal no ha recibido el oficio de la Auditoría federal relacionado con las nuevas observaciones, por lo que todavía no cuenta con esa documentación para revisar su contenido.
Flores añadió que las indagatorias anteriores abordaron asuntos de carácter personal y de promoción, por lo que no necesariamente comprendieron las operaciones financieras que ahora están bajo señalamiento.
“Yo hasta donde tengo conocimiento, por los asuntos previos que ya fueron resueltos, es que no había datos de prueba suficiente para justificar esos hechos”, expresó.
TAMBIÉN VA CONTRA ADRIÁN DE LA GARZA
En otra acción ante la FGR, Clara Luz Flores denunció al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN, por posibles delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Esta segunda acusación está vinculada con el caso Next Energy y una contratación que, según los datos expuestos por la denunciante, habría contado con una autorización presupuestal de hasta 7 mil 370 millones de pesos.