Justicia laboral
Luz María Ortiz Quintos
Exigir justicia requiere valor porque implica confrontar el orden establecido, desafiar dinámicas de poder y romper el silencio frente a la indiferencia o el abuso. La situación laboral de los trabajadores del Poder Judicial en México está marcada por la incertidumbre que generó la reforma judicial, la reorganización de los órganos jurisdiccionales y las preocupaciones sobre la estabilidad en el empleo. Es importante distinguir entre las demandas de los trabajadores administrativos y sindicalizados, las del personal jurisdiccional y las de jueces y magistrados, porque sus condiciones y reclamos no son exactamente los mismos.El conflicto más reciente se concentra en el Poder Judicial de la Federación (PJF). De hecho, hubo un paro nacional el 6 de noviembre, con movilizaciones en la Ciudad de México y al menos 17 entidades, incluida la inconformidad de trabajadores frente a un nuevo sistema de evaluación del desempeño.
Sus principales demandas de los trabajadores son:Demanda¿Qué están reclamando?Estabilidad laboralGarantías de que no perderán sus plazas por evaluaciones o decisiones administrativas.Respeto a la antigüedadQue se reconozca su trayectoria y experiencia dentro del Poder Judicial.Derechos adquiridosQue no se reduzcan salarios, prestaciones ni beneficios previamente reconocidos.Evaluaciones justasQue los exámenes no se utilicen como mecanismos de despido, presión o represalia.Incremento salarialUn aumento digno y el pago retroactivo correspondiente.BasificaciónContinuidad laboral y otorgamiento de plazas definitivas a quienes cumplan los requisitos.Condiciones de trabajoReducción de cargas excesivas, pago de horas extras y atención al acoso y hostigamiento laboral.Estas exigencias han sido planteadas por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF).
El 5 de noviembre se publicó el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establece un nuevo mecanismo de evaluación del desempeño para integrantes de la carrera judicial, entre ellos:Secretarios.Actuarios.Oficiales judiciales.Otros trabajadores del servicio de carrera judicial.Los trabajadores cuestionaron el mecanismo porque consideran que podría poner en riesgo su estabilidad, antigüedad y permanencia en sus puestos.Por su parte, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostuvo que la primera evaluación, programada para diciembre, será diagnóstica y no provocará despidos ni pérdida de plazas.
Acuerdo anunciado el 7 de noviembre de 2026 por la Suprema la Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el OAJ y los sindicatos acordaron revisar y modificar el mecanismo de evaluación.Entre los compromisos anunciados están:Que las evaluaciones no tengan efectos sancionatorios ni impliquen separación del cargo.Eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales.Modificar criterios que pudieran generar valoraciones subjetivas.Instalar mesas de trabajo permanentes con los representantes sindicales.También se anunció que las actividades judiciales se reanudarán con normalidad el lunes 9 de noviembre.Un aspecto importante es que las condiciones laborales del personal federal quedaron establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo 2026-2028, publicadas en enero de 2026.En ellas se mantienen prestaciones como seguros médicos, apoyos económicos, ayuda para anteojos, fondos de ahorro y otros beneficios laborales.Sin embargo, también existen denuncias de despidos y afectaciones laborales en poderes judiciales estatales. Por ello, no debe confundirse la situación del personal federal con la de los trabajadores de cada entidad.Hay una cuestión de fondo que merece atención: la transformación del Poder Judicial no debería realizarse a costa de la estabilidad y los derechos de quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.
Es legítimo que las instituciones evalúen a sus trabajadores, exijan preparación, eficiencia, actualización y resultados. El servicio público requiere profesionalización y rendición de cuentas.Pero también es indispensable que las evaluaciones sean transparentes, objetivas, imparciales y que no se conviertan en instrumentos de presión política o laboral.La reforma judicial debe fortalecer la impartición de justicia, no generar incertidumbre entre quienes llevan años trabajando en ella.Una pregunta importante para el debate público es: ¿cómo podemos exigir una justicia eficiente, independiente y profesional si no garantizamos condiciones laborales dignas para las personas que la hacen posible?
