Por Salvador Hernández LANDEROS
El gobernador Jaime Rodríguez no debe excusarse y dejar en manos del
SNTE la corrupción que existe en la Sección 50 de los maestros del Estado.
Y menos cuando el mismo dirigente sindical, José Luis López Rosas, reveló
una deuda de más de $230 millones por malos manejos en el servicio médico.
Sin saber que le grababan, reconoció que “el personal, incluido el director de
la Clínica Hospital, fue detectado robando y vendiendo material por fuera”
Dijo que “el director de traumatología vendía, fiaba y cobraba en las casas
las prótesis, además los sindicalizados trabajaban para los proveedores” (sic).
López Rosas ya tiene tres años en el cargo y desde entonces no ha dicho si ese
personal detectado fue denunciado ante las autoridades correspondientes.
Pero lo peor, es la indignación y sentimiento de familiares, maestros y amigos
del profesor Aristeo Lozano, quien, dicen, murió por una negligencia médica.
El gobernador debe exigir la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la
CEDH para esclarecer lo que dicen. Que “Dejaron morir al Profe”.
Los familiares y maestros van a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
Hay dos médicos a los que van a denunciar ante la CNDH y la FGE.
Uno es el doctor José Antonio del Campo, especialista en angiología y el
doctor Víctor Manuel Leos, director de la Clínica Hospital de la Sección 50.
Hay maestros activos y jubilados que desde hace un año están en un grupo
llamado “Ponte Chucho”, que ha denunciado anomalías del servicio médico.
El gobernador puede pedir al SNTE separar del cargo a López Rosas mientras
se investigan los hechos. Y calmar las aguas para su reunión del ISSSTELEON,
chavalolanderos@yahoo.com.mx