Monterrey, N. L.- La Fiscalía Anticorrupción cree podría ascender a 1.8 millones de pesos, el quebranto a las arcas estatales que ocasionó el alza del 144 por ciento al sueldo de María teresa Martínez Galván, suegra del gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, para  jubilarse con una buena pensión.

Lo anterior se desprende de la audiencia en que Liliana Gómez de Ossio, ex directora de Recursos Humanos en la Secretaría de Administración, y Francisco Estrada Corral, ex director de Administración en la Secretaría de Seguridad Pública, comparecieron y fueron acusados de Delitos contra el Patrimonio del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción acusó que Gómez de Ossio autorizó el cambio de puesto de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Pública de la suegra de El Bronco, sin que hubiera una solicitud de la dependencia donde la emplearon y después,

Estrada Corral autorizó el aumento de salario sin que existiera una justificación o se detallaran nuevas funciones.

De esta manera, María Teresa Martínez Galván se desempeñaba como coordinadora de área y al lograr el aumento de salario logró jubilarse con una pensión superior a la que le correspondía por el salario que recibió inicialmente por el mismo puesto.

 A los dos se les acusa de que el salario de la suegra del gobernador pasara de 28 mil 719 pesos mensuales a 70 mil 236 entre julio de 2018 y junio de 2019. Con ese salario, Martínez se jubiló en julio del 2019 con una pensión de 29 mil 795 pesos al mes, contra los 15 mil 350 que debería haber recibido.

En la audiencia la Fiscalía sacó a relucir que entre enero y junio del 2019 la suegra nunca se presentó a laborar, pero, se le fue entregada su remuneración íntegra, irregularidad que sería responsabilidad de Gómez de Ossio.

En diciembre pasado, la Contraloría de Nuevo León, ordenó modificar la pensión de Martínez Galván, instrucción que acató la secretaría de Administración del Estado. Sin embargo, la investigación prosigue.

Mientras tanto, organizaciones civiles que denunciaron desde el principio los hechos, exigen que se llegue a fondo en la investigación y consideran que los dos acusados solamente son “chivos expiatorios”.