La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León acusó a una funcionaria del gobierno estatal de desvío de más de 28 millones de pesos para una compra simulada de 200 mil cobijas.

La compra se hizo en diciembre de 2015 , apenas dos meses después de que Jaime Rodríguez Calderón asumió la gubernatura de Nuevo León.

El asunto fue reabierto tras de que  la extinta Subprocuraduría Anticorrupción, a cargo de Ernesto Canales, optó por no llevar el caso ante los tribunales por supuestamente no encontrar evidencias de que se cometieron delitos.

A quien se acusa es a Helena Silva Parra quien en ese tiempo era la directora de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y quién presuntamente autorizó el pago a la empresa Comercializadora Mirof, la que no entregó las cobijas que el gobierno pagó además a sobreprecio.

En una audiencia privada encabezada por el Juez de Control, Ricardo Becerra,  se le acusó de ejercicio indebido de funciones y de daño al patrimonio del Estado. La privacidad la solicitó la defensa y la Fiscalía dio a conocer algunos detalles de cómo presuntamente se llevó a cabo la compra simulada.

Al  justificar la privacidad, la defensa dijo al juez que existe información confidencial y privada que se discutirá  en la que se definirá si la acusada queda o no vinculada a proceso.

Según testimonio recabados por la Fiscalía, trabajadores de la bodega de la Secretaría de Desarrollo Social  confirman que nunca recibieron el cargamento de 200 mil cobijas.

El juez advirtió, que toda persona que divulgue información sobre lo dicho en la diligencia enfrentará consecuencias legales.

En ese tiempo, el subsecretario de Administración era Rogelio Benavides, el principal funcionario a quien se le acusó de la compra de cobijas, sin embargo, tras renunciar al cargo quedó tiempo después absuelto.