Corría el año 2019 bajo la Administración Trump, cuando el presidente de los Estados Unidos creó los “Protocolos de Protección a Migrantes” (MMP por sus siglas en inglés), también conocida como la política “Quédate en México.”
Bajo este “protocolo”, aquellos extranjeros en busca de asilo político en los Estados Unidos eran retenidos en la frontera y obligados a esperar las fechas de audiencias o las resoluciones a sus casos individuales en territorio mexicano. Esto, sin importar el país de origen del aspirante a obtener la clasificación y el acceso de y como asilado político.
Además, se instituyó la ley denominada Título 42, una orden emitida para expulsar de manera expedita a aquellas personas que intentaran cruzar ilegalmente la frontera, con el pretexto de “emergencia médica” derivada del Covid. La combinación del MMP y el Título 42, hizo que las condiciones para que una persona pudiera ser considerada como sujeta a solicitar asilo político se volvieran mucho más estrictas. Esto redujo sustancialmente el número de personas con derecho a solicitar esa clasificación migratoria.
Como desafortunadamente suele ser común cuando una nación o gobierno impone políticas unilateralmente, y máxime si estas afectan los derechos humanos, el MMP tuvo consecuencias altamente negativas no solo para México, sino principalmente para aquellas decenas de miles de personas varados en la frontera.
De acuerdo con estudios del Transactional Rácords Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, desde la implementación de los protocolos en 2019 hasta mayo el 2021, aproximadamente setenta mil personas buscando asilo habían sido enviadas a México y recluidos en “campamentos de refugiados,” donde muchos migrantes terminaron siendo víctimas de secuestradores y cárteles de las drogas.
En vista de lo anterior, el presidente Joe Biden inicialmente buscó revertir o cancelar tanto el MMP como el Título 42, poco después de su toma de posesión en el año 2021. Sin embargo, su decreto fue remitido a las cortes de Texas y Missouri donde se argumentó que la administración de Biden había violado la ley al no tener facultades legales para rescindir el programa. En paralelo, estas cortes remitieron el caso a la Corte de Distrito para que esta determinara si además habían existido violaciones a alguna o algunas leyes administrativas al ordenarse la cancelación del programa de manera ilegal. Como respuesta, el caso fue finalmente turnado a la Suprema Corte de Justicia donde a finales de este pasado mes de junio, en una votación favorable de 5 a 4, de revirtieron las resoluciones de Texas y Missouri, con el Magistrado en jefe, el Ministro John Roberts, autor del documento final, argumentando que, en efecto, el presidente Biden no había violentado ley alguna al dar por terminado el MMP.
El resultado parcial del MMP es no solo catastrófico, sino espeluznante. Durante sus dos años de duración, el instituto Human Rights First registró mil quinientos cuarenta y cuatro casos de asesinatos, violaciones, y secuestros en territorio mexicano, de entre quienes esperaban si proceso bajo el régimen MMP. Si a eso sumamos que, en promedio, un solicitante tarda cinco años en obtener una resolución legal a su caso (y no siempre positiva), Podemos extrapolar esas cifras (amén que se trata solo de aquellos casos registrados) y así darnos una vaga idea de la magnitud de la crisis humanitaria que el MMP ha causado en la frontera.
Sin embargo, allí no terminó el asunto. El Departamento de Servicios Humanos (Department of Human Services) expresó que, aunque veía con beneplácito la resolución de la Suprema Corte, el Departamento seguiría aplicando el Título 42 (esto, para personas ya en territorio estadounidense y con la única facultad de acelerar el proceso de expulsión del emigrante ilegal.) Desde su incepción, aproximadamente un millón ochocientas mil personas han sido expulsadas bajo el Título 42 (aunque este número incluye personas que han cruzado la frontera y han sido deportados varias veces) y hay evidencia que esta política, inicialmente “concebida “para evitar la entrada de personas contagiadas con Covid a territorio estadounidense, hoy se aplica para expulsar a cualquier persona que logre cruzar la frontera causando una deportación de facto y sin el debido proceso legal.
Una vez expulsada por medio de la aplicación del Título 42, la persona pierde toda posibilidad de acceder en un futuro a cualquier tipo de visado, pierde la oportunidad de poder solicitar asilo político, y queda sujeto a proceso criminal de ser sorprendido nuevamente en territorio estadounidenses.
Aunque en abril de 2022 Biden anunció a través del Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) que en opinión del instituto esta ley ya no era médicamente justificable, y en mayo de este año lo declaró expirado, la Corte Federal del Estado de Louisiana bloqueó los intentos de Biden por terminar con su aplicación. El caso sigue en proceso de litigio y es imposible saber cuándo se dará una resolución definitive al respecto.
Como Podemos ver, “Quédate en México” fue solo una de dos partes de la política antinmigrante de la Administración Trump, con el agravante de que el Título 42 no tiene visos de llegar a una pronta resolución.
Es imperativo que los gobiernos de México y Estados Unidos comiencen a sostener conversaciones oficiales, abiertas, y públicas para atender el gravísimo problema migratorio.
Por una parte, Estados Unidos tiene capacidad para absorber alrededor de un millón de migrantes (legales o ilegales) al año, pues un número mayor a ese comienza a colapsar sus sistemas de salud, educativo, y su infraestructura.
Por otra parte, la falta de oportunidades de trabajo bien remunerado, la creciente influencia de las organizaciones de crimen organizado en un sinnúmero de actividades económicas, pero sobre todo sociales en México y Centro América, y la aparentemente eterna falta de voluntad de ambos países para encontrar una solución integral y definitiva, hacen de esta situación algo que finalmente ha llegado al grado de verdaderamente insostenible.
Desafortunadamente dos gobiernos sumamente débiles en lo que hace a sus respectivas políticas internacionales, hacen que el panorama a corto y mediano plazo se vislumbre cada día más grave y que una solución se perciba como alcanzable solo una vez que tanto Boden como López Obrador hayan terminado sus mandatos y lleguen nuevas administraciones mucho más capaces y mucho más dispuestas.
Mientras tanto, infortunadamente, tendremos que seguir sufriendo al ver cómo día con día aumentan las cifras de muertes, violaciones, trata humana, y demás crímenes que lo mismo afectan a hombres, que a mujeres y niños, todos ellos desprotegidos y sin aparente posibilidad de escapar sus infiernos individuales y colectivos.
Solo nos queda rezar por ellos, y rogar porque el 2024 llegue pronto y nosotros también, tanto en México como en Estados Unidos, finalmente podamos despertar de esta y tantas otras pesadillas.