Monterrey. – En el Centro de Control Canino y Felino, del municipio conurbado de Guadalupe, el edificio cae en pedazos, al grado de que han sido echados los empleados ante el riesgo que representa, en tanto se trabaja con carencia de medicamentos para atender a perros y gatos, que, aunque no se llega al hacinamiento, se corre el riesgo.

Por si fuera poco, ante la falta de material de higiene, se despiden fétidos olores de las jaulas en que se encuentran unos 100 perros y gatos, que son recogidos de las calles, o bien, llevados al lugar por las personas directamente.

Con apenas seis trabajadores, que piden omitir sus nombres por obvias razones, el edificio ubicado en 20 de noviembre y Benito Juárez, de la colonia 20 de noviembre, desde hace tiempo empezó a deteriorarse, mientras el gobierno local de Cristina Díaz Salazar ignoró las denuncias.

” Fue hasta una cuarta revisión que realizó Salud estatal que clausuró el edificio y nos vimos en la necesidad de conseguir desde hace cinco meses una aula móvil”, dijo uno de los trabajadores.

Un techo derrumbado prácticamente, cuarteaduras, deterioro de la estructura, y condiciones inadecuadas para operar fueron suficientes para que el Estado, cerrará las instalaciones del Centro de Control Canino y Felino, que dirige como coordinadora la odontóloga Ingrid Ocejo, quien a decir de los trabajadores, les exige esfuerzos extras sin que cuenten con las herramientas para su trabajo más que una desvencijada camioneta y un par de guantes, además de la soga con que se capturan los animales.

Actualmente se tiene unos 100 perros y gatos que no pueden ser sacrificados por la falta de la sustancia que se les aplica para dormirlos y sin que sufran, la que tiene un costo de 1500 pesos para atender a 20 animales cada frasco.

A diario llegan entre 20 y 30 animales los que tras un período de estancia de entre tres y 10 días, si no son reclamados se les aplica una sustancia tranquilizante con un analgésico, una sobredosis que paraliza los pulmones, corazón y cerebro para que el animal muera dormido como marca la normal legal.

Para atender la recolección de perros y gatos callejeros, así como la observación de agresiones de animales con rabia, se trabaja en una sola camioneta, bueno sin las herramientas de seguridad necesarias explicaron los trabajadores.

Dicen que hace meses un médico proveniente del gobierno estatal se encargaba de los casos de rabia, pero el sindicato estatal decidió retirarlo ante la desorganización, y cobro obligatorio de cuotas mínimas que oscilan en los mil pesos diarios, y que no se sabe a quien los reporta la odontóloga Ocejo.

En tanto, la falta de material de limpieza también ha creado un foco de insalubridad, y aunque no hay hacinamiento al momento, la falta de sustancias para el sacrificio y la llegada diaria de animales encamina a ello.

Asimismo, la dependencia enfrenta cuatro denuncias por maltrato animal.