Armando Galicia

El proceso legal contra los funcionarios medinistas que encabeza el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, podría fracasar ante las fallas en la integración de los expedientes, adelantó el Fiscal Anticorrupción Javier Garza y Garza.

De las 25 carpetas que abrió la Sub Procuraduría Anticorrupción, en contra de los ex funcionarios estatales, 15 continúan en investigación y solo 4 podrían ser vinculadas a proceso, siendo estas de funcionarios que no son de primer nivel.

Aunque será el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, quien realice un balance, el Fiscal Anticorrupción, señaló que en su perceptiva los expedientes no se integraron de la manera correcta y en algunos casos sospechan que se actuó con dolo, lo cual tendrán que investigar para tener pruebas y poder actual al respecto.

“La perspectiva de lo que tenemos es que de esa 15 que tenemos van a quedar 4 nada más, y para efecto de vincular no son funcionarios de primer nivel.

Vamos a decir que lo que se ha dicho no es lo que realmente está manejado en cada una de las carpetas, hablamos de verdades a medias” subrayó.

Garza y Garza, reiteró que hasta el momento no ha cambiado en nada la opinión que tenía con respecto a las investigaciones que se estaban haciendo, por lo que el proceso en contra de los anteriores funcionarios podría quedar en un fracaso.

“Yo desde un principio lo señalé y lo señalé en la prensa, que no era el conducto adecuado de las investigaciones que estaban tomando la causa, básicamente eran delitos que necesitaban un dolo específico y que nos encontraban dentro de las carpetas establecidas esas circunstancias”.

“Veía yo un fracaso en lo que al final de cuentas fuera y es lo que ha venido pasando de lo que vimos, no ha cambiado lo que yo establecí y lo dije públicamente a escasos dos meses de que entre al cargo”, recalcó.

En el proceso que le sigue el actual gobierno de Jaime Rodríguez calderón, el ex gobernador Medina ha salido exonerado, al igual que otros funcionarios, pero a ninguna les han podido demostrar las acusaciones de presuntas desviaciones y acciones de corrupción.