Por Rogelio Romero

McAllen, Tx.- Miles de extranjeros que solicitan la residencia permanente y pasaporte para continuar en el país como “no migrante”, podrían verse afectados, si pidieron beneficios médicos y sociales al gobierno estadounidense.

La nueva ley migratoria que entró en vigor esta semana, establece la definición de “carga para el Estado” a una persona que durante su proceso de tramitación de residencia y  vive en el país, haya solicitado apoyos de bienestar social, entre ellos los cupones para comida, que distribuye el gobierno a los grupos sociales más desprotegidos.

Las autoridades migratorias calculan que anualmente, se revisarían unos 380,000 casos de personas, que buscan ajustar su estatus migratorio para saber si son o no considerados bajo esta ley federal.

Si los extranjeros que aplican para ajustar su estatus de permanencia en el país, resultan con indicios de haber pedido beneficios sociales de salud, vivienda o apoyo financiero podrían ver negada su petición migratoria.

Esto incluye a solicitantes de visas no migrantes que hayan hecho lo mismo y en lo que fue catalogado por organizaciones sociales como una injusticia.

La organización comunitaria “La Unión del Pueblo Entero” a través de su líder, Juanita Valdez de Cox, consideró que; “ la ley puesta en marcha por la administración del presidente Trump es inequitativa y excluyente, así como una forma más de negar la entrada legal al país a cientos de migrantes”.