Con el propósito de integrar al Código Penal del Estado el delito de violencia contra los derechos reproductivos y endurecer las penas por violencia familiar, la diputada María Dolores Leal Cantú presentó una iniciativa de reforma al citado código.

“Según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado en 2019, el delito de violencia familiar se denunció en 28 de los 51 municipios del estado. Únicamente en los municipios de Higueras, Parás y Vallecillo- que se encuentran entre los de menores índices de población-, no se reportaron casos. De acuerdo la misma fuente, durante 2018 se presentaron 16,410 denuncias por violencia familiar, mientras que en 2019, fueron 16, 339, lo que representa una disminución de solo 71 casos; señal de que el delito se mantiene en perjuicio, principalmente de las mujeres”, expuso la legisladora.

Los puntos principales de la reforma al Código Penal son:

Eliminar la condicionante de que la acción u omisión del generador de violencia familiar, sea grave y reiterada; ya que en ningún código penal de otros estados ni en el de la Cd. de México se incluye esta agravante.

Se adiciona a los tipos de violencia contra las mujeres, la violencia contra los derechos reproductivos, con el fin de homologarlo a lo que se establece en el primer artículo de la Constitución Política del Estado.

Eleva la penalidad del delito de violencia familiar de tres a siete años, en lugar de dos a seis años, como existe actualmente

Se adiciona al delito de violencia familiar, el supuesto de que se cometa contra un menor de edad incapaz, personas adultas mayores y personas con discapacidad física, mental total o parcial, temporal o permanente que impida comprender el significado del hecho. Para estos casos, la reincidencia se sancionará con una mitad más de la pena.

Se eleva de tres a siete años el equiparable de violencia familiar; y se adiciona el supuesto que la víctima haya tenido o tenga una relación afectiva o sentimental de hecho; y se establece que la violencia familiar se deberá perseguir de oficio.

La iniciativa se turnó para su análisis y discusión, a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia.