Por Rogelio RomeroLas investigaciones más recientes del caso de corrupción y sobornos que enfrenta a nivel internacional la compañía constructora brasileña Odebrecht se centran en México y Panamá, donde las autoridades policiales investigan la presunta implicación de ex funcionarios gubernamentales en los favores que obtuvo el consorcio para ganar contratos de obras.

Existe una indagatoria que siguen las autoridades estadounidenses en la corte federal de Brooklyn en Nueva York, respecto a intermediarios que presuntamente manejaban dinero de la empresa a través de cuentas bancarias “offshore” que fueron utilizadas para depositar dinero, a un ex alto funcionario panameño por 28 millones de dólares.

Los intermediarios Luis y Ricardo Martinelli Linares fueron detenidos el pasado 6 de julio en el aeropuerto internacional de La Aurora, en Guatemala a petición de autoridades de justicia de Estados Unidos, por  ser presuntamente el nexo directo de la entrega de sobornos a un alto funcionario panameño.

De acuerdo a la investigación federal entre los años de 2009 a 2014 ambos detenidos, utilizaron cuentas bancarias localizadas en paraísos fiscales mediante las cuales canalizaban el dinero para los pagos de soborno al político panameño.

Ambos utilizaban “empresas fachada” para  firmar y autorizar la transferencia de fondos hacia cuentas vinculadas al alto funcionario panameño que es investigado.

¿Suena parecido el modus operandi al caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin?

La ruta de corrupción tiene muchos tentáculos, el  hecho es que las autoridades estadunidenses vinculan los pagos de soborno panameños a transferencias de dinero que pudieron salir de instituciones bancarias de Nueva York.

Lozoya Austin dejó de ser un acusado y paso a  testigo protegido, todo lo que aporte a la investigación  por supuestos sobornos por 10.5 MDD en los que incurrió Odebrecht en México de alguna forma están en la mira de Estados Uñudos, por el simple hecho de que se cometieron violaciones a las leyes de inversión y  comercio internacional.

No se puede señalar que si algunas de las pruebas que aporte el detenido a la fiscalía de Alejandro Gertz Manero no repercutirán en otros ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, si estas se comprueban podrían incluso ser sujeto de una investigación binacional para descifrar de donde se extrajo el dinero para los supuestos sobornos o si, siguió el mismo camino como el caso panameño.

La prueba más clara es qee fueron los fiscales de justicia federal en Nueva York, los que pidieron al Departamento de Justicia que se detuviera a los Martinelli.

No se puede descartar nada si realmente se realiza una investigación seria también en México, basada en pruebas contundentes.

Tal vez en el caso mexicano suceda lo mismo que paso con el ex presidente del consorcio brasileño Marcelo Odebrecht, quien al ser acusado de los actos de corrupción y ver que su sentencia penal era alta, decidió “negociar” aportando pruebas de las transacciones financieras ilícitas a las autoridades brasileñas.

Sentenciado inicialmente a 19 años de cárcel en marzo del 2016 por un caso de soborno de 30 millones de dólares, solo bastaron algunos meses para que su defensa llegará a un acuerdo  con la fiscalía brasileña para que en diciembre de ese mismo año, su pena carcelaria fuera reducida a 10 años y al pago de una fianza.

¿Qué tanto puede aportar Lozoya con las grabaciones que conservó? ¿Implican estas a altos exfuncionarios de la administración peñista?  ¿O llegara la  indagatoria hasta el mismo poder ejecutivo del sexenio pasado?

Muchas preguntas y pocas respuestas en un caso que las autoridades judiciales del gobierno de la 4T debe tratar con pinzas.

Es increíble observar  toda la podredumbre y corrupción que generó Odebrecht en América Latina, sobre todo el trágico evento ocurrido en Perú, donde el expresidente Alan García se quitó la vida, tras saber que sería arrestado por estar presuntamente vinculado al caso.

Ya veremos en que termina la indagatoria mexicana y, si llega de acuerdo a las pruebas disponibles, hasta  los  más altos niveles de los mandos  gubernamentales  del sexenio pasado.