Walter Elizondo

Monterrey, N. L– En un hecho inédito a nivel nacional, el Congreso Local de Nuevo León podría ser destituido. 

Fue declarado fundado un incidente de inejecución de sentencia por lo que los 42 diputados locales de Nuevo León podrían ser destituidos por desacatar en ocho ocasiones la ratificación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Mario Garza. 

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León hizo la declaratoria  y propuso a la Corte la destitución del  Congreso neolonés. 

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que definiría si es válida o no la decisión de destitución de los legisladores.

“A nivel nacional es la primera ocasión en que se destituye al Congreso, es una sanción grande. Es el procedimiento más severo para sancionar a una autoridad que no quiere cumplir con una decisión del Poder Judicial Federal”, declaró el abogado Manuel Arnaud, quien es la defensa legal del magistrado.

Esta sanción es la primera en su tipo en el País en contra de un Poder Legislativo, argumenta el defensor. 

El 17 de octubre del 2018, el Congreso determinó no ratificar al magistrado, al considerar que fue negligente en su actuación por tener expedientes rezagados.

Después, el 16 de marzo del 2019, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la entidad ordenó al Congreso ratificar al ex magistrado, al alegar que en el último dictamen votado se tomaron en cuenta argumentos ya desechados y le dio un plazo de tres días hábiles para cumplir. 

Pese a ello, los diputados hicieron caso omiso, pero ahora el Tribunal Colegiado propuso destituirlos.

“Dictan una resolución para destituir a todo el Congreso de Nuevo León y lo envían a la Corte para que ellos definan el ejercicio de la acción penal para ir contra todos los Diputados de esta legislatura y la inhabilitación por 10 años”, dice Arnaud. 

Además, añade, validan  lo que dice el juez de distrito que en ocho ocasiones que les han requerido que ratifique el magistrado García.

La defensa dice que, irían por la vía penal e inhabilitarían a los legisladores por desacatar una orden judicial, con penas de hasta 10 años de prisión, según la Ley de Amparo.