● Coordinador de MC presenta iniciativa de ley para proteger a las personas con discapacidad.
● Los juzgadores deben procurar procesos justos para la gente con cualquier tipo de discapacidad, incluyendo la intelectual.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó hoy una iniciativa para garantizar que los juicios administrativos y judiciales se realicen en un proceso justo e igualitario cuando en el caso se involucra al menos a una persona con alguna discapacidad, incluyendo cualquier tipo de discapacidad intelectual.
En la iniciativa, el legislador expone la necesidad de respetar los derechos humanos de esta población al momento de encontrarse en un proceso penal.Para resolver el problema, los juzgadores deben procurar procesos que garanticen igualdad y trato asistencial para este sector vulnerable.
Colosio Riojas explicó que, para respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad, se debe promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado a través de diversos criterios la necesidad de que los juzgadores implementen medidas para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso de las personas con discapacidad”, dijo el diputado.
Es por eso que, en la iniciativa, se pide modificar el artículo 20 de la Constitución Política de México para agregar procedimientos que faciliten el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad.
Por ejemplo, en materia de notificaciones, se propone que el juzgador deberá cerciorarse de que el servidor público al que le corresponda entregarlas, lo haga únicamente de forma presencial en el caso de una persona con discapacidad.
Las notificaciones deberán de ser con un lenguaje sencillo, accesible y evitando el uso de tecnicismos.
Y para el desahogo de las diligencias judiciales, el juzgador deberá permitir que la persona nombre a un asesor jurídico con experiencia y conocimiento en la comunicación con personas con discapacidad intelectual.
También se propone que el juez autorice que un profesional en discapacidad o un familiar le apoye en el proceso de comunicación y comprensión durante las audiencias.
Asimismo, en todas las actuaciones judiciales, Colosio Riojas puntualizó que se debe usar un lenguaje sencillo, tanto oral como escrito, además de brindar un sistema de apoyos legales y sociales que auxilien en la toma de decisiones cuando la persona así lo requiera.