Monterrey–   Por el asunto de las broncofirmas fueron sancionados 11 servidores públicos que laboraban en la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía estatal. 

De esta manera, sería la primera sanción de ese nivel para los participantes en la captación irregular de firmas de apoyo para la campaña presidencial de Gobernador Jaime Rodríguez, denuncia que ha sido llevada a los tribunales. 

La Fiscalía General de Justicia despidió de sus puestos a 11 de sus empleados, informó a través de un comunicado de prensa, pero no identifica a los sancionados. 

El documento de la Fiscalía cuyo titular es Gustavo Adolfo Guerrero indica que la Visitaduría General determinó que los señalados faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en materia electoral.

La resolución se desprende a su vez de un fallo del Trife, que determinó que 571 servidores públicos estatales desviaron recursos al recabar firmas en su horario laboral.

Los 11 de la Fiscalía participaron en esta anomalía cuando la dependencia aún formaba parte del Ejecutivo como Procuraduría estatal.

“Una vez concluidos los expedientes de responsabilidad y con total respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, el día de ayer, primero de septiembre de 2020, la Visitaduría General dictó resolución definitiva donde se determinó que dichos servidores faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral, al captar apoyos (firmas electrónicas) en día y horario laboral a favor de la candidatura independiente de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, violentando preceptos de orden constitucional, así como la normativa jurídica que rige su función pública”, añade.

“Por lo anterior, se ha ordenado la remoción del cargo de dichos servidores públicos que laboran en esta fiscalía, la cancelación del certificado de servidor público y la anotación respectiva en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”.

El desvío de recursos fue evidenciado  en enero de 2018 y entre los despedidos están un director, un coordinador de área, tres agentes ministeriales, un perito, un auxiliar y un asistente.

Extraoficialmente se sabe que otros servidores públicos podrían ser sancionados, sin embargo, el Gobernador Jaime Rodríguez y el secretario de Gobierno, Manuel González han salido librados.