David Casas 

Monterrey, N. L- La falta de voluntad política de los gobiernos estatales ha impedido entre otros factores limpiar los penales del País, erradicar el auto gobierno e impedir que sean cuartel general de la delincuencia. 

En opinión del experto en seguridad Eduardo Guerrero, que diseñó el esquema del cierre de Topo Chico y mejorar la infraestructura en los penales de Nuevo León, en los centros penitenciarios, en muchos del  País, se fraguan muchos delitos hacia el interior y exterior, como sucedía en esta entidad. 

Entrevistado tras participar en la reunión del Consejo de Seguridad de Nuevo León, que por primera ocasión en México se realiza dentro de un penal, el especialista alerta sobre los focos rojos en casi todas las penitenciarias del País en lo que hay auto gobierno. 

“Hay casos como el de Topo Chico, conozco al menos la mitad de los penales en México y es una locura lo que se vive adentro, es difícil que la  autoridad lo reconozca, pero también hay que decir las cosas como son si queremos transformarlos y cambiarlos”, añade. 

Sin embargo, atribuye obstáculos importantes para ese cambio y enumera la falta de voluntad política de los gobernantes, entendiendo que eso no es solamente la falta de dinero. 

“Hay muchos factores, comenzando porque a los gobernadores no les interés, no genera votos y son obras intangibles que la gente no ve”. 

“Por ejemplo, desde el penal del Topo Chico se fraguaban muchos delitos que hoy no se dan, son cuarteles generales de la delincuencia y eso sucede en todo el País, desde adentro operan hacia afuera”, comenta Guerrero. 

Cita un ejemplo:”El penal de Ciudad Juárez, Chihuahua cuando era municipal hoy operado por el Estado, ahí acudía a esconderse un delincuente cuando las cosas se calentaban, pues quien lo iba a buscar dentro del penal”. 

Guerrero quien trabajó en el esquema que llevó a desaparecer Topo Chico y trasladar los internos a otros penales estatales y federales dice que el sistema penitenciario es el último eslabón que está olvidado, porque se invierte en infraestructura pero no en transparencia, en derechos humanos, en apertura a la prensa.

“Hay que tender la necesidad de hacer un verdadero esfuerzo por parte de los gobiernos estatales y entrarle de lleno a mejorar el sistema penitenciario, porque si no se garantiza lo elemental los derechos humanos de los internos y sus familias, no puedes hablar de reinserción social. 

Eduardo Guerrero recuerda que en Nuevo León se echó abajo un proyecto de penal de unos mil 200 millones de pesos y se hicieron modificaciones, adecuaciones y se creó infraestructura en el penal de Apodaca llamado uno y se extendió la obra al dos, adjunto. 

Se invirtieron 880 millones de pesos y en total hay 3500 nuevos espacios, no se tiene hacinamiento entre los 7 mil 800 internos en los penales estatales, incluido el femenil. 

Reconoce que la moderna infraestructura no garantiza que no se registren motines pero asegura que es más difícil porque las condiciones modernas de la infraestructura y el respeto a los derechos humanos es factor importante para impedirlo. “Se puede dar, pero hay gente capacitada para impedirlo, ningún penal del mundo está excento de un motín”, puntualiza. 

Guerrero menciona también que en el País, incluido Nuevo León se han erradicado 16 bandas delincuenciales que mantenían auto gobierno.