Por Rogelio Romero

Edinburg, Texas.- El juez del condado Hidalgo, Richard Cortez, señaló que los índices criminales en esta región fronteriza con México son bajos, y que las ciudades locales son seguras para la inversión y no puede prevalecer una versión política que impulsa la  retórica  de alza de delitos en la zona fronteriza de Texas.

Cortez defendió los esfuerzos que se han venido desarrollando para que una mayor cantidad de inversiones empresariales lleguen a la región y puso como ejemplo, como los esfuerzos de seguridad pública en la ciudad de McAllen, han permitido mantener bajos los índices delictivos.

El ahora juez del condado fronterizo   más grande en el sur de Texas (supera el millón de habitantes) fue alcalde de la ciudad de McAllen y sabe que los niveles de seguridad pública se han mantenido estables.

En el área metropolitana de McAllen existen más de 6000 negocios y los asaltos o atracos no son causa de alarma diaria para sus residentes, como ocurre en otras grandes zonas urbanas del país.

Cortez puso como ejemplo los esfuerzos que realizan actualmente las autoridades policiales de grandes ciudades como Chicago en el estado de Illinois, esto para combatir al crimen organizado.

El juez expresó su consternación por el discurso retórico  que prevalece, respecto  a que las zonas fronterizas del sur de Texas, han visto supuestamente un incremento en los índices de delitos, lo que descartó por completo.

De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de McAllen los 4 condados fronterizos que son  Willacy, Star, Hidalgo y Cameron generan ingresos brutos por ventas comerciales de 13 mil 400 millones de dólares anuales.

Mientras toda la región fronteriza de Texas con México genera 19 mil millones de dólares en ingresos totales por ventas comerciales.

La Retórica

Fue el gobernador Greg Abbott y el vice gobernador Dan Patrick, quienes esta semana siguieron impulsando su versión de que las  tierras cercanas a frontera con México, están siendo “invadidas” por migrantes sin documentos y a los cuales el gobierno estatal quiere fincarles cargos por “traspaso criminal”, lo que ameritaría una hipotética condena de 6 meses a un año en prisión.