Por: Antonio Sánchez R.

Una consulta que insulta…

Existe en nuestro país una estructura jurídica establecida gracias al trabajo legislativo desarrollado durante muchísimos años, mismo que se encuentra reflejado en una Carta Magna que, quiérase o no, es la que impera actualmente; nuestra Constitución, con todo y sus enmiendas y “parches” impuestos desde su promulgación en 1917, es la que manda, así  brinquen y sigan brincando sus detractores.

Para cada una de las enmiendas, para cada una de las reformas, se han llevado a cabo las consultas correspondientes, los “cabildeos” y concerta-cesiones necesarias que le han dado forma a ese documento básico para el desarrollo de la vida política y social de nuestro país. Los representantes populares, la voz del pueblo en el Congreso de la Unión, cada uno en su momento, ya dieron su aporte y todo está escrito, ya sea en materia jurídica, económica o social.

Por eso causa demasiado ruido que se lleve a consulta una decisión que debería tomarse no en base a los resultados que se obtengan de este dizque “ejercicio democrático”, sino mediante lo que se encuentra establecido en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, a la que se está haciendo a un  lado y con ello se insulta no sólo a quienes han aportado para su enriquecimiento, sino también al pueblo mismo.

De entrada hay una gran falla proveniente de las disposiciones u ordenamiento diseñado por las autoridades electorales, mismas que, mención aparte, se convierten en cómplices de algo que no tiene ningún sentido, además del espíritu populachero de la famosa consulta. Dicha falla estriba en que, según el INE, con un 35 por ciento de participación será suficiente para que el resultado adquiera validez jurídica.

Aberrante y preocupante todo esto, puesto que a nivel legislativo, para que una ley pueda ser aprobada y promulgada, se requieren de las dos terceras partes del pleno, en lo que se llama “Mayoría Ponderada” o “Mayoría Calificada”. En otras decisiones, se requiere de una “Mayoría Simple”, esto es, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara Baja.

Ahora bien, el IFE no deja en claro si ese 35 por ciento es sobre la base del total del padrón electoral o será sólo de quienes decidan salir a “votar”, que en cualquiera de los dos casos, es un absurdo, puesto que, como ya lo señalamos, para cualquier tipo de votación se requiere de un mínimo de una mayoría simple, de lo contrario, no tendría ninguna validez cualquier resultado.

No debemos olvidar que ya anteriormente se hizo una especie de “ensayo” sobre este mismo asunto, mismo que resultó en un rotundo fracaso para quienes se enboletaron en ello, ya que no acudió a votar ni siquiera el 2 por ciento de los electores. En esta ocasión y con todo y que el mismísimo INE le sirve de parapeto a quienes insisten en llevar a juicio a gente que estuvo en el poder, no existe seguridad alguna de que vaya a haber buena respuesta por parte de la ciudadanía.

Y es que nada más habría qué recordarles que en el pasado proceso electoral, a nivel federal, muy apenas se rebasó el 50 por ciento de participación de los electores inscritos en el padrón electoral, por lo que es altamente probable que la tan famosa “consulta” no llegue ni siquiera al 20 por ciento…, y me estoy yendo muuuy por encima de un pronóstico que quedará en oootro fracaso más para quienes insisten en someter a consulta asuntos de esta naturaleza.

La aplicación de la ley no requiere de consulta alguna. Solamente se aplica y ya. ¿Pa’ qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? La verdad, me parece que este “ejercicio democrático” no tiene ningún sentido y serán los 500 millones más absurdamente tirados a la basura, todo por un capricho, por una ocurrencia más de quienes ahora ejercen el poder. Así de simple.