Por Rogelio Romero

Texas.- Un juez federal en El Paso decidirá este martes si procede o no, el mandato estatal  que señala que la policía de Texas debe detener a inmigrantes indocumentados que viajen o sean encontrados en vehículos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobierno de Texas el pasado viernes 30 de junio, esto por irrumpir y atribuirse funciones de seguridad fronteriza que corresponden a las autoridades federales.

De acuerdo a la demanda federal las acciones del gobierno de Texas en materia migratoria son disruptivas, peligrosas e ilegales.

La primera audiencia judicial realizada en el circuito de Cortes Federales de El Paso se realizó a las 4PM y tuvo una duración de 90 minutos, y donde el magistrado federal escuchó los argumentos de ambas partes, después decidió que emitiría un veredicto este martes.

El controvertido mandatario texano Greg Abbott, inició una serie de acciones de seguridad fronteriza argumentando que la administración del presidente Biden; No estaba haciendo lo suficiente para frenar la fuerte ola de inmigración indocumentada que se registra en la frontera sur de Estados Unidos con México.

Por otra parte el juez del condado Hidalgo Richard Cortez y el alcalde de McAllen Javier Villalobos, no descartaron entablar querellas contra el gobierno federal para forzarlo a que destine una mayor cantidad de fondos para contar con infraestructura donde se pueda albergar a migrantes indocumentados, ambas autoridades alegaron que esto se debe a la presencia  de un mayor número de personas indocumentadas en la región sur de Texas.

Además del supuesto incrementó de personas sin documentos que han sido detenidos en diferentes poblaciones del condado Hidalgo y han  presentado síntomas de Covid-19.

A su vez, el juez Cortez informó que someterá a consideración de los comisionados de su jurisdicción, una petición de declaración de desastre que iría enfocada a que el gobierno federal  atienda a fondo la situación de   grandes cantidades de migrantes que han llegadoen la región, esto ante el riesgo de Covid que existe en esta zona fronteriza.

Si ambas autoridades llevan a cabo  estas acciones judiciales se unirían a las autoridades  del condado Webb, que impidieron que autoridades federales dejen a migrantes indocumentados sueltos en su jurisdicción.