*Violaron suspensión definitiva y nombraron cuatro Magistrados espurios

Monterrey – Los diputados locales que dejan el cargo en menos de una semana, fueron acusados por  ante la Fiscalía General de la República por abogados, de violar una suspensión definitiva, y por encima de la Ley nombraron a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

Los hechos imputados a los legisladores refieren que violaron la figura del Amparo al designar como magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado a Juan José Tamez, Hugo Alejandro Campos, Alan Pabel Obando y como presidente a José Arturo Salinas Garza.

Este último, ha causado una controversia tras de que sin la  experiencia, sorpresivamente alcanzó la nominación con el apoyo del PAN, partido al que pertenece y donde ha sido legislador. 

El abogado Jesús Villarreal Martínez acompañado de presidentes de Colegios de Abogados y miembros de la sociedad Civil presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra del  Congreso del estado, pues estima son constitutivos del delito descrito en el art. 262 Fracc. III de la Ley de Amparo.

Los abogados señalaron que los legisladores no respetaron una suspensión definitiva que estaba pendiente, pues indicaron que eso impedían que nombraran a los magistrados en diciembre pasado. 

El 25 de enero el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa resolvió que cuando el Congreso designó a cuatro magistrados del Poder Judicial estaba vigente una suspensión definitiva que impedía su nombramiento, por lo que los Diputados habrían caído en desacato y dejaría sin efectos esta decisión.

Aún está por resolverse un incidente de violación a la suspensión promovido también por Villarreal Martínez ante un Tribunal Colegiado por este caso.

El abogado Jesús Villarreal Martínez informó que por el delito que han cometido los diputados  podría imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

Como antecedente destaca el Magistrado Ángel Mario García Guerra, quien después de más de dos años ganó un juicio a los diputados para que lo ratificaran en el cargo. 

Durante ocho ocasiones el Congreso se negó a ratificar hasta que por Ley estuvieron a punto de ir a la cárcel por ello.