Óscar Tamez Rodríguez

El gobierno federal se asume inmaculado, por eso asegura no necesitar leyes que le obliguen a transparentar sus acciones y gastos, son tan transparentes que no se ve la transparencia, actitudes propias de los absolutismos. La transparencia es una exigencia democrática, no se trata de moda, deseos de implementarla o querer parecer honesto. La honestidad implica necesariamente que el recurso público se aplica para lo que fue aprobado, en la forma aprobada. El presidente lanza un acuerdo por el cual oculta la información en las obras de infraestructura que ejecute la 4T, principalmente las realizadas por las fuerzas armadas. Surge la pregunta: ¿Esa moda puede cundir a los estados? Ser opacos para evadir la burocracia es autoflagelación. La burocracia es en su gobierno, si las dependencias entre sí la padecen es por la incompetencia de sus propios funcionarios y en ese caso, ¿qué esperar cualquier ciudadano de a pie? Los ciudadanos padecemos la burocracia y debemos aguantar. La burocracia no disculpa la opacidad, para eso se elaboran rutas críticas al planear las políticas públicas y toda acción de gobierno. El documento publicado para ocultar la información en las obras, lo que refleja es intolerancia, incapacidad administrativa y mucha, pero mucha, corrupción gubernamental, sea el ejército o no quien realice la obra pública. Junto a este acto absolutista y antidemocrático, está la incontrolable inflación en la economía. Es tan grave que ni los indicadores macros la pueden disfrazar, tenemos una inflación que en lo oficial supera los siete puntos porcentuales; en la vida cotidiana de las familias supera el 30% de inflación. La gasolina ubicada en los costos más altos asfixia los salarios, pues invariablemente se debe consumir para los traslados en millones de mexicanos. Agreguemos los costos en servicios como la energía eléctrica que hace un año tuvieron un aumento superior al 10% en los consumos. Respetamos a los expertos en economía quienes podrán coincidir o no con las cifras que aquí ofrecemos, pero nuestros números salen de los recibos de energía que pagaron las familias entre noviembre del 2020 y febrero del 2021, recibos que echaban chispas y hacían corto. Con la gasolina y la energía eléctrica infladas en sus costos, el resto es por consecuencia. Los productos alimenticios se dispararon al alza, por supuesto que la ropa, el calzado y otros artículos que son básicos en la economía familiar, también. Pero si esto no es suficiente, revisemos la soga al cuello que representan los servicios bancarios, el costo en las tarjetas de crédito que ya se acercan a los tiempos de José López Portillo, un costo financiero que ronda el 80% anual. Esto es inflación en la economía familiar. Utilizar una tarjeta de crédito y no liquidarla al mes es derivado, en la mayoría de los casos, por insuficiencia económica y la urgencia por satisfacer necesidades en la familia. Hoy quien debe 20 mil pesos en la tarjeta, pagará en un año de deuda, 16 mil pesos por intereses e impuestos. Están los engañosos préstamos por nómina a los empleados cautivos, éstos tienen una tasa superior al 25% de interés anual fijo. La inflación debe medirse en el costo real de la vida en las familias, incluyendo la canasta básica, los productos necesarios para una vida digna y gastos como los intereses en tarjetas de crédito y aumento en las gasolinas y luz que oferta la 4T. La opacidad gubernamental molesta porque implica corrupción, corrupción que pagamos en inflación los mexicanos. Cerramos mal el 2021, ¿mejorará el 2022? estudiospoliticos.mx@gmail.com