Raúl Guajardo Cantú

Desde su campaña, el actual gobernador Samuel García aseguró que propondría una nueva Constitución para el estado. La propuesta fue enviada al Congreso local, en el cual no tiene mayoría, y fue aprobada en primera instancia, por lo que suponemos que en breve se iniciará el proceso para su aprobación definitiva.

Pero considero que es necesario definir el por qué y el para qué de esta nueva Constitución local, ya que, desde la perspectiva del ciudadano de a pie, podría pensarse que existen temas más importantes a tratar que la redacción de este nuevo marco jurídico institucional para Nuevo León.

Durante su campaña, Samuel “colgó” en su página de Internet un documento titulado “Plan de Gobierno” en el cual reseñaba cuáles serían sus ejes de campaña, el primero de ellos, por supuesto, era la cuestión fiscal, debido precisamente a que, como se ha señalado por años, la federación devuelve al estado mucho menos de lo que este aporta en cuestión presupuestaria.

El segundo eje es precisamente el de la redacción de una nueva Constitución, ya que desde la perspectiva del actual gobernador, la actualidad es mucho más compleja y presenta nuevos retos a los gobiernos. Retos ante los cuales el gobernante no cuenta con un marco jurídico que lo faculte para actuar en consecuencia e intentar solucionarlos.

No es una mala idea la de actualizar el marco jurídico en el cual se desarrolle la acción de gobierno, ya que hay que recordar que los gobiernos solo pueden hacer aquello para lo que expresamente están facultados por las leyes y, efectivamente, los retos actuales distan mucho de los que enfrentaban los gobernantes cuando fue aprobada la actual Constitución.

Toca ahora a los diputados estar a la altura del reto. Esperemos que la participación de los ciudadanos en esta nueva Constitución sea tomada en cuenta.