En México urge dotar de más internet a nuestras familias, a los estudiantes, a la gente que trabaja, y es por eso que el diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, propuso hoy modificar la Constitución mexicana para que los programas de conectividad digital de Gobierno sean obligatorios y con presupuesto.
El también Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados dijo que todos los ciudadanos necesitan tener acceso a internet para contar con las habilidades necesarias para aprovechar todas las nuevas tecnologías.
En México tenemos una brecha digital porque en la Constitución solamente se define el derecho de contar con conectividad, pero no existe la obligatoriedad para las autoridades de contar con políticas públicas y programas bien definidos, con presupuesto, para lograr acortarla.

“La pandemia evidenció las enormes desigualdades que subsisten en el País y que se presentaron de manera más clara en las escuelas, ya que el desempeño y aprovechamiento de niñas y niños se vio afectado, principalmente por la carencia de servicios de internet y tecnologías de la información”, agregó.
Por citar un ejemplo, expresó, la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación realizada por el INEGI, evidenció que el 17.7 % de la población de 3 a 29 años: es decir, cerca de 6 millones de alumnos inscritos, no concluyó el ciclo escolar porque carecía de computadora, otro dispositivo o de conexión a internet.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados es una reforma al párrafo tercero, del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Estado establezca condiciones de competencia efectiva en la prestación de los servicios de internet e implemente las políticas y programas necesarios para garantizar el acceso y conectividad para toda la población.
Sobre este mismo tema, cabe destacar que en noviembre del 2021, Pérez Díaz presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para darle certeza jurídica a la educación a distancia y con ello poder implementar, diseñar e instrumentar planes de estudio cuando se presente alguna emergencia declarada por el Consejo de Salubridad General.