Por Rogelio Romero
Estados Unidos.- La Comisión Legislativa que investiga los violentos hechos que llevaron a la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021, aprobó por unanimidad llamar al ex presidente Donald Trump para que rinda su testimonio sobre el asunto.
La vicepresidenta de la comisión y legisladora republicana Liz Cheney dijo que se cuenta con suficientes evidencias y testimonios para que el Departamento de Justicia abra una indagatoria pero que faltaba el testimonio del personje central de los hechos. el ex presidente Trump.
El cuerpo legislativo ha llevado acabo 11 audiencias donde escucha testimonios y versiones de testigos sobre lo que sucedió ese día y, lo que hizo o no, la administración de Trump respecto al problema donde fallecieron 5 personas.
Los miembros de la Comisión Legislativa no descartaron la posibilidad de llamar a más testigos, entre ellos, a agentes del Servicio Secreto que se encontraban trabajando ese día alrededor del ex presidente.
Por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no intervenir en el alegato jurídico presentado por el equipo de abogados de Trump, que reclamaba que no fueran incluidos 103 documentos clasificados en la investigació criminal que realiza el Departamento de Justicia, en el caso de los documentos confiscados al ex mandatario en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.
La decisión unánime del panel de 3 jueces permite al Departamento de Justicia continuar con la investigación criminal
que realiza, Trump quería que esos 103 documentos que supuestamente contienen información altamente sensible para la seguridad nacional, no fueran incluidos como pruebas en la indagatoria pero fracasó en su intento.
En Nueva York la fiscal de justicia estatal Letitia James presentó una moción jurídica en Corte federal, y donde solicita que no se permita a la Organización Trump transferir activos de la empresa fuera de Nueva York, sin el permiso del juzgado federal.
Esto debido a que el emporio de Trump es investigado por presunto fraude tributario en Nueva York.
Las autoridades de justicia estatal buscan por medio de una demanda entablada en corte federal, que el emporio empresarial restituya al estado 250 millones de dólares, esto por presuntamente evadir el pago de impuestos de propiedades que habrían sido valorizadas a un precio menor de lo que realmente costarían. También por haber recurrido a préstamos o créditos tributarios, mediante falsas declaraciones al fisco neoyorkino.
