Raúl Guajardo Cantú

En días pasados se presentó una serie de “filtraciones” a los medios de comunicación según las cuales el grupo mayoritario del Congreso local, formado por los diputados del PAN y del PRI, propondría al exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como el próximo Fiscal General del Estado.

Ante estos rumores, el gobernador Samuel García aseguró que vetaría la candidatura de Adrián en caso de que esta fuera presentada. Argumentó el gobernador que en ese puesto se requería un perfil eminentemente técnico y no un perfil político como el del exalcalde.

Seguramente el gobernador hizo tal aseveración debido a los últimos puestos que en el ámbito político ha ostentado de la Garza: alcalde de Monterrey y abanderado del PRI a la gubernatura del estado. No obstante, habría que señalar que fuera de esas incursiones en el ámbito político electoral, Adrián de la Garza desarrollo toda su carrera en el sector público en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual escaló puestos hasta llegar a ser titular de la misma.

En pocas palabras, Adrián tiene un perfil indicado para ser designado Fiscal General, con la ventaja de que de ninguna forma podría ser considerado un “fiscal carnal” del gobernador, lo cual seguramente redundaría en la independencia de este órgano de justicia.

No sabemos en qué vaya a parar este asunto, si es que en realidad el Congreso propondrá a de la Garza como próximo Fiscal, algo muy probable, y si el gobernador vetará esta propuesta.

Lo que si es un hecho es que, en caso de llegar al puesto de la Garza, quizá no sería Samuel a quien debería preocuparle este hecho, sino a algunos de sus vecinos de allende la plaza.

Lo que sí es un requisito del perfil del nuevo Fiscal es que quien sea designado como Fiscal tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.