El abogado Alberto Rolando de los Santos Elizondo presentó una denuncia en contra de alrededor de 10 servidores públicos pertenecientes a diversas áreas, que “abandonaron” sus cargos para inscribirse ante el Congreso local como aspirantes a la Fiscalía General de Justicia.

De los Santos Elizondo, quien fue el primero de un total de 65 aspirantes al cargo, señaló que la convocatoria y el proceso para designar al sucesor de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, está viciado de origen y en todas sus etapas, dándole preferencias de participación a funcionarios públicos, violando el proceso de la convocatoria emitida por el Poder Legislativo.

En su denuncia, que entregó en la oficialía de Partes del Congreso y en la Fiscalía Anticorrupción, el demandante señala de manera directa de “abandonar su cargo público por intereses personales” a Carlos Eduardo Mendoza, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, y Pedro José Arce, actual encargado del despacho de la Fiscalía General.

Indicó que esos servidores públicos debieron solicitar licencia para “ausentarse” en horas labores de su función, y al no hacerlo, incurren en desvío de recursos y violación a su desempeño en sus instituciones.

“Es una grave irresponsabilidad y voy a presentar la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, igualmente no se vale, porque no hay piso parejo al venir gente con cartas “obsoletas”, porque la carta de no antecedentes penales, no la están dando desde el día 13, donde yo la solicité y me dieron el sello de recibido. Nadie lo trae, es muy fácil venir a sorprender con una carta y decir: yo la solicité sin el sello de recibido”, aseveró.

“Porque como no había cartas, todo mundo vino a registrarse, entonces, son deshonestos al venir a presentar cartas con fechas anteriores. No se vale estar en un puesto y venir por otro”, añadió Alberto de los Santos.

Destacó que otros demandados son: Esteban Cantú Montes, director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Sonia Martínez Mireles, jueza de ejecuciones penales; Gricelda Núñez Espinoza, fiscal de feminicidios, entre otros.

El denunciante exigió que todos estos funcionarios sean investigados y, en su caso, sancionados por los delitos o faltas administrativas que se consideren apegadas a derecho.