Ixtoc Hinojosa Gándara
Hay muchas actividades que aunque las autoridades y la misma sociedad no quisiesen que existieran, no podemos evadir la realidad de que existen. Tales como el uso de la vía público para el comercio informal, la prostitución y la venta de drogas, la posición ideológica y pragmática del autor de estas líneas es muy simple, ante la realidad de su existencia la acción de gobierno solo debe ser su regulación y control para que no se afecten los derechos de terceros y mucho menos sus libertades. En esta ocasión me referiré al primer problema que establecí al inicio de este párrafo, el uso de las vías públicas para el comercio informal.
Siempre será preferible el establecimiento de negocios formales que existan dentro de un marco de legalidad incluso para la protección de los derechos laborales de esos empleados. Pero no soy ajeno a la grave crisis económica que atravesamos, en gran parte provocada por el fallido uso de los recursos por parte del gobierno federal y que ocasiona la pérdida de empleos formales y que muchas de estas personas recurran al comercio informal para hacerse llegar recursos para ellas, ellos y sus familias.
El municipio de Monterrey no es ajeno a esta problemática que se presenta a nivel nacional y muy a pesar de que ya fue aprobada por el Ayuntamiento del cual formo parte, el Reglamento para el uso de la vía pública para el ejercicio de la actividad comercial, este se encuentre muy lejos de su correcta aplicación dentro del territorio municipal.
En gran parte provocado por la presencia de intermediarios entre las autoridades municipales y los comerciantes, por ejemplo los llamados líderes de sector y representantes de alguna zona en específico que no hacen más que lucrar con las contribuciones de los pequeños comerciantes. Todo lo anterior lo menciono muy a mi pesar, ya que el actual Director de Comercio es un ex panista y al que todavía considero un buen amigo, esperando a que sea recíproco el sentimiento, el señor Ranulfo Martínez.
En gran parte el problema que se presenta en esta y otras direcciones, las cuales requieren del servicio de inspección de parte de empleados municipales fue causado debido a una mala implementación que busca centralizar todos estos servicios dentro de una dependencia, muy a pesar de que las especificaciones técnicas y profesionales que se requieran en áreas tan diferentes como las de servicios públicos y desarrollo urbano parece que no fueron tomadas en cuenta para la aplicación de esta política pública. Estoy consciente de las buenas intenciones que se perseguían con esto, como el combate a la corrupción y la eficacia de los servicios que brinda el Gobierno municipal regio. Recordemos el reciente presentado con los comerciantes ambulantes en la Macroplaza y seamos conscientes del viejo refrán “El camino al infierno esta pavimentado con buenas intenciones”.