Monterrey. – La Comisión Anticorrupción del Congreso Local, aprobó iniciarle un juicio político a la magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Norma Leticia Platas Gómez.
Los diputados se basaron en que presuntamente otorgó ilegalmente una suspensión al gobernador Samuel García.
“Se inicia el procedimiento de juicio político en contra de la Norma Leticia Platas Gómez, magistrada de la Segunda Dala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa (y), de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Juicio Político del Estado, se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga y señalando la siguiente fechas y horario para su respectivo informe: 8 de junio del 2023 a las 16:00 horas en las instalaciones del Congreso”., determinaron los legislsdores.
Quienes promovieron la solicitud de juicio político contra la magistrada son José Luis Garza Ochoa, Hernán Salinas y Sylvia Elizondo, líderes del PRI, PAN y PRD en Nuevo León, respectivamente, y fue planeda en el mes de febrero pasado.
Ellos argumentan que existe una prohibición en la Constitución local y en la Ley de Justicia Administrativa Estatal, para que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado conozca de juicios contenciosos administrativos en contra de actos del Congreso del Estado y, pese a ello, la magistrada admitió la demanda de Juicio Contencioso Administrativo promovida el 10 de febrero por el gobernador contra determinaciones de la Comisión Anticorrupción y de la Oficialía Mayor del Congreso.
Presuntamente, la magistrada Platas realizó una acción que originó una infracción a la Constitución local, así como a diversas disposiciones legales al admitir a trámite el juicio de nulidad 286/2023, mismo que por los hechos narrados en el escrito de denuncia, es improcedente por tratarse de un procedimiento del Congreso, es decir, de un juicio político, procedimiento exclusivo de la autoridad legislativa”, se indica en el dictamen.
“Por lo anterior expuesto, y en el sentido que los órganos o autoridades estatales solo pueden hacer aquello que expresamente les permita la Ley, se puede presumir que en la denuncia en estudio se justifica que la conducta atribuida daña gravemente los intereses públicos fundamentales”, abundó el documento aprobado.
Platas Gómez, asumió el cargo en el propio Congreso en diciembre de 2020 cuando fue propuesta por el entonces gobernador Jaime Rodríguez.
Al rendir protesta asumió el cargo para el que fue designada por un periodo de 10 años.
Platas Gómez se había desempeñado en el cargo de Comisaria de Fuerza Civil.