Raúl Guajardo Cantú
Es difícil ignorar el hecho de que entre 12 y 15 cuerpos, algunos de ellos desmembrados hayan sido encontrados en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey, es el segundo peor día en la historia de la seguridad pública del estado por lo que a asesinatos se refiere.
No está en nuestra idea el tratar estos temas, pero cuando se presentan en esta magnitud, no hay forma de ignorarlos.
Ya el secretario de Seguridad en el Estado, Gerardo Palacios Pámanes, nos explicó que según tienen conocimiento, el número de muertos se debe a una purga que se está presentando en un grupo delictivo en el vecino estado de Tamaulipas. Es una forma de tranquilizar a quienes vivimos en Nuevo León, pero quizá también deberían decirnos qué se está haciendo para evitar hechos como el acontecido el mismo día en San Pedro, donde en un bar fue ejecutada una persona.
El vicefiscal en el estado, Luis Enrique Orozco, de forma bastante seria nos dice que si bien no se está volviendo a los niveles de los peores días de inseguridad en el estado, llama la atención que se presenten tantos asesinatos en un solo día.
Nada qué objetar, es preferible estar informado que no estarlo, sin embargo, cuando en medio de la crisis del agua nos enfrentamos a una crisis de seguridad, o al menos a lo que parece serlo, quizá sería bueno que el gobernador mismo saliera a decirnos cuál es la situación.
Samuel ha mostrado su capacidad para comunicar, lo comentamos en nuestro artículo anterior, por ello quizá debería ser él quien nos diga en qué situación estamos, no por desdeñar a otros funcionarios, sino porque, al final, el máximo responsable de la seguridad en el estado es él.
Quizá también debería decirnos cuál es, o puede ser, el impacto en las inversiones extranjeras que están cabildeando para que lleguen al Nuevo León, cómo puede la inseguridad afectar, aunada a la falta de agua, en este que ha sido un pilar importante en su gobierno. No podemos pensar que lo que sucede en Nuevo León, se queda en Nuevo León.
No se trata de criticar la actuación ni del gobierno ni del gobernador, sino de hacer válido el derecho a estar informado, porque la información puede ayudar a los ciudadanos, a todos nosotros, a evitar situaciones de riesgo que quizá desconocemos, a nadie le gustaría estar en el lugar equivocado a la hora equivocada.
Por supuesto que no.