Las dirigencias estatales del PRI, PAN, y PRD hacen suyo el llamado del sector privado y organismos civiles y afirmaron que hay voluntad para la gobernabilidad y el Estado de derecho en Nuevo León.

A través de un comunicado de prensa, también afirman que las bancadas en el Congreso del PAN y del PRI también están dispuestas a realizar cualquier esfuerzo que abone a generar gobernabilidad en Nuevo León.

Destacan que el Gobierno de Samuel García ha generado conflictos y llevado al Estado a una crisis de ingobernabilidad.

Afirman que el liderazgo de Nuevo León se logró durante gobiernos emanados del PRI y PAN, conciliando diferencias y respetando la ley.

“Desde las dirigencias estatales y grupos legislativos del PRI, PAN y PRD manifestamos nuestra total voluntad y disposición de atender el llamado de organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil a la gobernabilidad y respeto al estado de derecho”, añaden.

“Antes del Gobierno de Samuel García, Nuevo León nunca había atravesado una crisis de ingobernabilidad como la que hoy vivimos y lo cierto es que, si bien siempre han existido puntos de vista e ideas contrastantes entre los partidos y actores políticos, también siempre se había logrado un diálogo constructivo que durante décadas permitió construir el estado líder, vanguardista e industrial que hoy disfrutamos y del que nos sentimos orgullosos”, agregan.

Acusan al Ejecutivo de omitir la publicación en el Periódico Oficial del Estado de más de 200 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado; vetar reformas a la Constitución pese a estar prohibido; no presentar el Presupuesto del 2023 y 2020 completo, y pretender imponer al Secretario General de Gobierno como Encargado del Despacho, en desacato a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a suspensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También señalan el que la Tesorería estatal ha congelado cuentas de municipios gobernados por el PRI y el PAN, de legisladores y actores políticos, retenido recursos aprobados a los municipios de esos partidos, y que el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y otros funcionarios estatales han inventado actos para obtener amparos.

“Esta serie de ilegalidades son una falta de respeto a la ciudadanía de Nuevo León y tienen que terminar”, demandan.

“Reiteramos nuestro compromiso de acudir a cualquier llamado que tenga la finalidad de generar un ambiente de gobernabilidad para nuestro estado, teniendo como premisa fundamental el respeto a la ley”.