Óscar Tamez Rodríguez
En México los magistrados de la suprema corte de justicia son la máxima autoridad del poder judicial, es un colegiado que se renueva en forma escalonada y no en grupo mediante un proceso democrático indirecto.
¿Es democrática la elección de cada magistrado? En la forma sí, en la práctica sucede como en toda democracia, los procesos se contaminan y se vuelven antidemocráticos, corrompidos, manipulados o ilegítimos.
La permanencia de los magistrados tiene terminación distinta entre ellos y diferente a los tiempos electorales para los poderes legislativo y ejecutivo; esto beneficia porque contiene, aunque no impide las ansias del poder ejecutivo para imponer a magistrados y jueces a modo, lo que permite pluralidad ideológica al interior del colegiado.
El poder judicial opera como un colegiado, las decisiones se toman por mayoría de votos entre los magistrados, me refiero fundamentalmente a las reformas profundas a las leyes, sean a la Constitución o por la disputa en alguna ley que afecta a un sector de la población.
Son los magistrados quienes interpretan y deciden la legalidad de alguna innovación a la ley. Aunque en principio no debería haber necesidad de interpretaciones pues desde el momento en que la ley es obligatoria en su cumplimiento, debe ser comprensible en su aplicación, algo que no sucede en la práctica.
Existe la disputa por la selección de magistrados y la manipulación por parte del poder ejecutivo federal para tener mayor control del poder judicial.
El presidente defiende que debe aplicarse una reforma en la cual se elijan dentro de un proceso electoral directo a los magistrados. Argumenta que eso sucede en países como EUA y otros. De nuevo, como en tantos temas, verdades a medias.
En EUA las elecciones del poder ejecutivo son indirectas no directas como sucede en México, de eso no se explica. En estas condiciones, quizá la elección de presidente no estuviera tan definida por el populismo rampante que impera en el país ni por las dádivas y las promesas fatuas.
La geopolítica mexicana no facilita la elección directa de magistrados. Imaginemos el escenario:
Primera pregunta: ¿La elección de magistrados sería concurrente o en diferente momento a las elecciones constitucionales para poderes legislativos y ejecutivos?
Segunda pregunta: ¿Los partidos registran a los aspirantes a magistrados o serán ciudadanos quienes en forma autónoma se propongan para ser votados?
Tercera pregunta: ¿Se les asignarán recursos públicos, tiempos en radio y televisión y otras prerrogativas como sucede con los candidatos de los otros poderes?
Cuarta pregunta: ¿Se registrarán por circunscripciones, por entidades federativas, por territorio nacional o cuál sería la geografía electoral de cada candidato a magistrado?
Hay más preguntas por responder, pero estas cuatro permiten dimensionar el terrible daño que se haría a la impartición de justicia en el país si se atiende la propuesta populista de la 4T sobre realizar elecciones directas con los más de 90 millones de mexicanos con derecho a voto.
Tenemos un método imperfecto para elegir a los magistrados, pero lo es por las ambiciones de quienes detentan el poder político en el país, por quienes desean un control absoluto y unipersonal de la vida pública y privada del país.
Necesitamos perfeccionar el actual proceso electoral del poder judicial, no cambiarlo por uno que nos llevaría a un estado dictatorial.
El discurso es seductor: voto directo del pueblo a los magistrados. Como toda seducción, se volvería contra quien compra el producto mágico.