Óscar Tamez Rodríguez
La democracia padece males de origen que a nadie interesa enmendar porque quienes aprueban las leyes son beneficiarios de estas lagunas jurídicas.
Son tres modificaciones en nuestra legislación político-electoral que aportarían a nuestro sistema político: a) Sancionar a presidentes y gobernadores que prometan proyectos y los incumplan bajo cualquier excusa; b) Impedir el chapulineo de legisladores de un partido a otro durante el ejercicio; c) Prohibir el chapulineo de un cargo a otro en los cargos de elección popular.
Desarrollemos estos puntos los cuales provocan alergia a muchos políticos pero que benefician a la sociedad con mejores servidores electos democráticamente.
Sancionar a quienes incumplan los proyectos de campaña. Es frecuente que los candidatos prometan el puente que cruza el río y, si no hay río, hasta prometen construir uno.
Cada elección escuchamos promesas que se saben ilusorias, imposibles de cumplir y que son el más “agreste populismo electorero”. Tenemos actualmente candidatas y candidato presidencial y nueve gubernaturas en contienda. Seguro habrá promesas de dulce, chile y manteca, la mayoría irrealizables.
Quien prometa acabar con la inseguridad, la pobreza, el hambre, el analfabetismo o tener un sistema de salud como en Dinamarca, está mintiendo. Son promesas populistas imposible por cumplir en un tiempo tan corto, se requieren acciones transexenales.
Una vez en el cargo y descubiertos por su falsedad, con una excusa puerilo como decir, “no sabía que estaban tan mal las finanzas públicas”, “necesitamos X recursos que no tenemos”, “se requiere que los diputados aprueben tal cosa”, y mil justificaciones más, se eximen de cumplir aquello que les dio miles de votos pero que sabían era imposible realizar.
Si se inhabilita, multa o se aplica alguna otra sanción a quienes incumplan, se reducirían estas mentiras populistas.
Aspirar a un cargo y desconocer que no se puede cumplir lo prometido es equivalente a mentir a un empleador en la entrevista laboral para ocupar un trabajo determinado. Esto debe sancionarse y la inhabilitación o el descrédito público son dolorosas reprimendas a un político.
Impedir el chapulineo interpartidista. Tenemos legisladores federales y locales que surgieron por unas silgas políticas y ya cobran desde otras. Los motivos que les lleva a saltar van desde el ofrecimiento de espacios electorales próximos, prerrogativas, manejo de dinero en las comisiones y otras más que benefician a la persona y no al ejercicio legislativo que desarrolla.
Al cargo se llega gracias a la campaña del candidato, pero también a las siglas políticas que le respaldaron, a los recursos obtenidos desde esas siglas, a las simpatías o antipatías por cada partido y otros aspectos que no hubieran existido si surge desde otra representación partidista.
El escaño no es del legislador, se gana con una marca partidista y para eso hay suplencias; si el legislador no está conforme se puede ir a otro partido, pero que su suplencia ocupe el escaño; con ello habría “mayor honorabilidad” en el ejercicio legislativo y menos comercio negro.
Prohibir el chapulineo de un cargo a otro. Ya existe la reelección en todos los cargos excepto presidencia y gubernaturas. El espíritu de ello fue premiar a los buenos servidores públicos electos. No necesitan más premios, que terminen la encomienda y luego busquen otros cargos. Si esto aplicara nos quedamos sin candidatas y candidato presidencial.
La democracia reclama servidores electos comprometidos con los ciudadanos y el cargo por desempeñar.