Raúl Guajardo Cantú
En todo gobierno existen problemas que exigen ser resueltos, sin importar que se atraviese el periodo electoral, tal es el caso, por lo que respecta a la actual administración estatal, de las crisis del agua, de inseguridad, contaminación o de movilidad, por señalar solo algunos.
El problema con este tipo de situaciones consiste en que las autoridades enfocan su atención en tratar de alcanzar otro tipo de objetivos, diferentes a los que debería de alcanzar, distintos a la solución de las crisis como las que señalamos.
Hoy, parece más importante para el gobernante alcanzar una mayoría en el Congreso local o ganar un puñado de alcaldías, que enfocarse a solucionar las problemáticas que enfrenta el estado.
Es cierto que, por señalar solo las crisis que más arriba indicamos, no son problemas de inmediata solución, ni tampoco surgieron hace poco, pero es precisamente por eso que debería el gobierno estatal dedicar sus principales esfuerzos a solucionarlos y no distraerse en problemas que solo competen a los partidos políticos y no a los gobernantes.
Se puede aducir que todos los gobiernos lo hacen, puede ser, sin embargo, no es una respuesta válida, ya que las autoridades no fueron electas para dirigir partidos o campañas, sino para solucionar problemas y para generar bienestar para la población.
El gobierno actual presenta proyectos como si estos ya estuvieran concluidos, al parecer como una forma de generar la sensación de que sí saben gobernar y genera una guerra de contraste con las fuerzas políticas que en otras administraciones ocuparon el poder ejecutivo en lugar de dedicarse a trabajar cada día en la solución de los problemas, algunos de los cuales requieren de algo que al parecer hoy los políticos no saben hacer: negociar.
Pareciera que todo se quiere solucionar a través de la confrontación y de ver quién puede más en un duelo de fuerzas que nos parece irresponsable. Es cierto que del otro lado las cosas no son muy diferentes.
Por poner un ejemplo, en el caso de la contaminación que nos aqueja en el área metropolitana de Monterrey, en lugar de dar “dientes” al gobierno estatal para plantar cara a la refinería de Cadereyta o a las empresas que contaminan el aire que respiramos, los diputados se plantean restar atribuciones al gobierno del estado y crear una agencia dedicada a estos menesteres, independiente del ejecutivo. Así como en otro momento plantearon asumir la dirección de la empresa Agua y Drenaje de Monterrey.
Quizá tanto el gobierno estatal, como el Congreso local deberían buscar alternativas para que los ciudadanos podamos controlar la forma en que ambos poderes se comportan y exigir soluciones mediante instancias bajo nuestro control y que nuestra participación no se limite a emitir un voto cada 3 o 6 años.
Hay que pensar en esto a la hora de que ejerzamos ese derecho el próximo 2 de junio.
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