Raúl Guajardo Cantú
El primer deber de cualquier gobierno que se precie, consiste en ofrecer seguridad a sus gobernados. Más allá de otras funciones, lo primero es proteger a sus ciudadanos de aquello que pueda originar la pérdida de la vida, el bien más valioso de cualquier ser humano.
Se supone que el monopolio de la violencia es del Estado y si no se puede ejercer tal monopolio algo muy malo está sucediendo. En Nuevo León la seguridad es una de las tareas pendientes del actual gobierno.
El más reciente episodio de horror y violencia lo vimos en la pila de cadáveres, algunos desmembrados e incinerados, que fueron “tirados” en Pesquería, en un lugar que, nos dicen las autoridades, los delincuentes utilizan para dejar los cuerpos de aquellos que han ejecutado.
En este y otros casos, las autoridades parecen querer ejercer con afanes didácticos o, ya de menos, informativos. Nos dicen que el terreno es usado como tiradero, como si eso fuera importante para el ciudadanos común, o que los cadáveres son el producto de un enfrentamiento entre tal o cual grupo, como si eso lo hiciera menos violento o menos peligroso.
Por alguna razón que no se alcanza a comprender, el gobierno de Samuel García pareciera creer que a los ciudadanos nos basta saber quién se pelea con quién, dónde tiran los cadáveres resultantes de sus enfrentamientos y cosas por el estilo, para que nos sintamos más seguros.
Es una especie de mensaje del tipo que criminaliza a las víctimas “si usted no anda en malos pasos, no le va a pasar nada” parecen decir, cuando hay ejemplos, más de uno, en los cuales un ciudadanos es una víctima colateral, solo por encontrarse en el lugar y el tiempo equivocados.
Cuando los ciudadanos deberíamos poder transitar libremente en cualquier tiempo y espacio, sin tener la preocupación de que nos vayamos a encontrar con grupos delincuenciales que, parecen decir las autoridades, controlan ese u otro lugar.
Lo peor es que las autoridades son conscientes de lo que están haciendo: renunciar a sus obligaciones, ya que, como si fuera un reto, le dicen al alcalde con licencia de Pesquería que regrese a cumplir con sus obligaciones, seguramente harán lo mismo con otros alcaldes y ellos cumplirán con sus obligaciones sin pedir a la federación apoyo para enfrentar delitos ligados a criminales del fueron federal.
Y aunque este sea un periodo vacacional, vale subrayar que este gobierno tiene tareas pendientes que debe atender o dar un paso de costado y dedicarse a otra cosa.