Monterrey-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2023 el cual revela que el Sistema penitenciario de Nuevo León obtuvo una calificación global de 7.02.

De tal manera, los penales de Nuevo León deberán efectuar cambios en la administración penitenciaria y resolver el hacinamiento y la falta de custodios, destaca.

Asimismo, sobresale como principal preocupación el déficit de personal penitenciario.

“De la información brindada por las personas titulares de los Centros, se advierte que, en comparación con el año 2022, aumentó el déficit de personal de seguridad y custodia en un 9.55%; al pasar de un 49.11% a un 58.66%”, destaca el análisis presentado por la presidenta de la CEDH Susana Méndez Arellano.

En comparación con el año 2022, la población aumentó 8.43 por ciento al pasar de 9 mil 696 a 10 mil 513 personas privadas de la libertad.

Del total de internos en los Ceresos el 56.46 por ciento no tiene actividad laboral; el 87.18 por ciento no participa en actividades educativas, y el 26.75 por ciento no practica alguna actividad deportiva.

En el 2023, los centros penitenciarios alojaban a 10 mil 513 personas privadas de la libertad (9 mil 953 hombres y 560 mujeres) cuando su capacidad es para 9 mil 763 personas; por lo que presentaban una sobrepoblación del 7.68 por ciento, revela el informe.

De los 9 mil 953 hombres privados de la libertad el 82.29 por ciento vive en condiciones de sobrepoblación.

Añade que del total de personas privadas de la libertad, 494 presentan algún tipo de discapacidad, y 209 son extranjeras.

“El 50% de la población penitenciaria de los CERESOS 1 Norte, 2 Norte, y 3 Oriente que contestó las encuestas aplicadas, consideró que la calidad de los alimentos es mala; por su parte, en el CERESO Femenil casi el 59% de las personas encuestadas, señaló que la cantidad de los alimentos es insuficiente, y casi el 46% indicó que la calidad es mala”.

“Impera la necesidad de implementar las acciones necesarias para distribuir adecuadamente a la población penitenciaria, considerando la capacidad instalada de cada Centro, para evitar la sobrepoblación y hacinamiento; brindar a las mujeres información sobre salud sexual y reproductiva; asegurar que se brinden las prestaciones que correspondan, a todas las personas privadas de la libertad que laboren a cuenta de terceros; identificar los obstáculos que limitan la participación de las personas privadas de la libertad en actividades educativas y deportivas; e incorporar en el registro de las personas extranjeras existentes en los Centros, las acciones emprendidas para garantizar su derecho a la asistencia consular”, recomienda la CEDH.